Fallo adverso para Minera Invierno

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Tras un largo período de deliberación, el Tribunal Ambiental de Valdivia decidió -en fallo dividido- no autorizar las tronaduras que Minera Invierno había solicitado para la explotación de carbón en Isla Riesco, Región de Magallanes. Con dicho fallo queda sin efecto la autorización que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA) le había concedido a la minera, debido a la falta de información esencial sobre el componente paleobotánico en la evaluación de la declaración de impacto ambiental, y la posible afectación de dicho patrimonio cultural por las tronaduras. La empresa ha señalado que sin la posibilidad de hacer tronaduras, la explotación se hará inviable, por la cual ya ha iniciado el despido de parte de la planta de trabajadores.

Diversos gremios empresariales han hecho ver que la resolución del tribunal constituye un precedente de especial gravedad, porque en la práctica implicaría que los permisos ambientales otorgados por las instancias especializadas no ofrecen ningún tipo de certeza, toda vez que fácilmente pueden ser revertidos en la instancia judicial. Bajo ese prisma, advierten, proyectar inversiones a más largo plazo se estaría haciendo cada vez más difícil en el país, complotando contra el objetivo de atraer más capitales y generar empleo.

En los últimos años los procesos de evaluación de impacto ambiental se han hecho cada vez más complejos. Los estándares más exigentes que se han ido introduciendo para asegurar la protección del medioambiente, así como la necesidad de incorporar la participación de las comunidades en los procesos de evaluación, han devenido en tiempos de tramitación más extensos, lo que a la fecha mantiene postergados proyectos por miles de millones de dólares.

En ese contexto, no cabe duda que una condición indispensable para que los proyectos se puedan concretar es la certeza de las reglas, tal que éstas no sean alteradas en forma caprichosa o discrecional. El fallo adverso que afectó a Minera Invierno, aun cuando es comprensible que frustre a sus propietarios y a los magallánicos que la respaldan, es discutible que tenga el poder de afectar gravemente la certeza jurídica. Al ser el tribunal ambiental parte de la institucionalidad especializada que el país se dio para la evaluación de proyectos, está dentro de las reglas que lo resuelto por dicho servicio sea apelable. No cabe entonces cuestionar una institucionalidad o asumir una falta de certeza según la dirección de un fallo, en especial si éste también es susceptible de revisión ante la Corte Suprema.

La mejor forma de asegurar que las instituciones funcionen en forma adecuada es permitiendo que operen sin presiones o injerencias. Por ello parece extraño que el SEIA apele ante la Corte Suprema, ya que se asume que su rol debería extenderse hasta que se pronuncie sobre una resolución ambiental; tampoco parece apropiado que el propio gobierno cuestione una resolución judicial sobre la base de las posibles pérdidas de empleo, debiendo mantener una actitud neutral.

Sin perjuicio de cómo se resuelva finalmente el caso de Minera Invierno, el país debe empeñarse para acortar los plazos de tramitación de proyectos y buscar la mejor forma de compatibilizar la inversión con la protección al medioambiente.

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