Excepción de conciencia

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La Constitución en su artículo 19, número 6º, asegura a todas las personas la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Esta garantía está concebida en forma amplia, sin excepciones y se puede hacer valer frente a cualquier persona e incluso frente al Estado.

La ley número 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, permite oponer la libertad de conciencia a fin de evitar participar en un aborto. Esta ley incorpora al Código Sanitario un artículo nuevo, el que expresamente establece que el médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales que se mencionan podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato otro profesional no objetante a la paciente. Si no cuenta con ningún facultativo que no haya realizado la manifestación de objeción, deberá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción.

Este mismo precepto en su parte final expresa: “La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución”. La propia Ley 21.030 agregó en el artículo 119 ter del Código Sanitario la siguiente frase: “El Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia”.

La Contraloría, al pronunciarse acerca del protocolo emitido por el ministerio, sostuvo que carecían del derecho a plantear objeción de conciencia las instituciones que mantenían convenio con el Estado y recibían fondos públicos de acuerdo a dichos convenios. El argumento es que esos convenios generarían la obligación por parte de las instituciones, públicas o privadas, de prestar todas aquellas intervenciones que se les requieran, incluida la de practicar abortos.

Esta argumentación vulnera la garantía del número 6º del artículo 19 de la Constitución, que contempla la libertad de conciencia en forma amplia y general y no contiene excepción alguna. Aún más, en el número 9 del artículo 19 de la Constitución, que garantiza el derecho de protección de la salud, se expresa: “Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas en la forma y condiciones que determine la ley”. Es decir, la propia Constitución permite que dichas prestaciones sean ejecutadas por instituciones públicas o privadas en la forma y condiciones que determine la ley. En el caso del aborto, la Ley 21.030 reconoce el derecho a oponer la objeción de conciencia tanto de las personas naturales como de las instituciones; ello, en virtud de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. Este derecho quedó establecido en el artículo 3º de la ley que al modificar el artículo 119 ter del Código Sanitario establece: “La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución”.

No es efectivo pues que la ley impida a las instituciones plantear la objeción de conciencia, sino que lo autoriza expresamente, sin limitaciones o excepciones de especie alguna.

José María Eyzaguirre

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