Erradas sanciones en delitos medioambientales

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Hace unos días la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó la idea de legislar respecto de un proyecto que establecerá duras sanciones a los responsables de delitos ambientales. La iniciativa recoge las recomendaciones de un grupo de expertos en temas ambientales y refunde una serie de textos legales que se encontraban en discusión, incluyendo algunas ideas del proyecto presentado hace algunos meses por el Gobierno.

Pero más que ser una compilación de iniciativas, el proyecto intenta sentar las bases de un cambio profundo en la forma de abordar el cuidado del medio ambiente. Esto, porque establece cadena perpetua para los responsables de este tipo de delitos, multas de hasta $ 971,9 millones, sanciones a ejecutivos de primera línea y a funcionarios públicos, entre otras disposiciones, alejándose de la propuesta inicial del Ejecutivo que contemplaba multas máximas de $ 48,59 millones y penas de cárcel que llegan a los cinco años y un día. Además, el proyecto busca circunscribir la acción penal al Ministerio Público y no a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), como establecía la iniciativa del Gobierno.

Puede ser necesario avanzar en mayores sanciones a delitos ambientales graves -tal como lo recomendó la OCDE en 2016- pero iniciativas que parten desde nociones extremas de la realidad más que inhibir conductas que puedan atentar contra el cuidado del medio ambiente, terminan inhibiendo el emprendimiento y la inversión, generando un clima de persecución hacia las empresas que resulta inconveniente. Es curioso que este grupo de expertos ponga como prioridad -y de manera tan radical- una de las recomendaciones de los organismos internacionales y pase por alto muchas otras que apuntan a fortalecer la institucionalidad, mejorar la participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental y darle mayor autonomía a los organismos fiscalizadores, entre otras medidas urgentes.

Es una señal de preocupación que, además de sanciones excesivas -que pueden llevar a la quiebra a cualquier empresa de mediano y pequeño tamaño o a la cárcel de por vida a uno de sus ejecutivos-, la iniciativa impida que organismos técnicos -como la SMA- sean los que ejerzan la acción penal. Considerando la escasa competencia que el Ministerio Público previsiblemente exhibirá en materias medioambientales -materia de alta especialización-, es preocupante que tenga en sus manos la capacidad de aplicar sanciones desmedidas, más aun considerando que existirán serias dudas sobre la correcta tipificación de este tipo de delitos y la calificación de su gravedad.

El cuidado del medio ambiente es mucho más complejo que la implementación de sanciones exorbitantes. Además de una institucionalidad madura y sólida, se requieren acciones de carácter preventivas y la creación de una conciencia ambiental en todos los estamentos de la sociedad. Pretender la aplicación de cadena perpetua para delitos ambientales vagamente tipificados busca en la práctica criminalizar la actividad empresarial con objetivos que exceden por mucho la válida preocupación por un ambiente limpio de contaminación.

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