“En Venezuela no hay acceso a la justicia. Es un Estado fallido”

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Miguel Ángel Martin vive hace más de un año en el exilio en EE.UU. y llega a Chile hoy para reunirse con las autoridades de los tres poderes del Estado. 

En una lancha pequeña que le permitió escapar hasta la isla de Aruba, a 772 kilómetros de Venezuela, llegó uno de los pocos magistrados de carrera que tiene ese país: Miguel Ángel Martin Tortabu. Así comenzó su exilio, en agosto de 2017.

El actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) llevaba varios días en la clandestinidad, al igual que sus otros 32 pares, quienes temían ser detenidos y torturados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Todos habían sido elegidos por la Asamblea Nacional.

EL TSJ nunca pudo sesionar en Venezuela luego de que el Presidente Nicolás Maduro, en cadena nacional, ordenara detener a 33 magistrados, el mismo día que debían jurar como integrantes del TSJ, un símil de la Corte Suprema de Chile. El 13 de octubre de 2017 se instalaron en Washington, Estados Unidos, como tribunal. Desde entonces, las audiencias las realizan por videoconferencia entre Chile (6 ministros), Estados Unidos (13), Colombia (7) y Panamá (4), donde están repartidos sus integrantes. Hasta ahora, se desconoce el paradero de dos de los tres jueces que no lograron escapar de Venezuela. Sobre todos los integrantes del TSJ pesa una orden de captura nacional, hay un proceso interno de traición a la patria y tienen congeladas sus cuentas corrientes y bienes.

Del exilio ha transcurrido más de un año, período en el que Martín ha vivido en Estados Unidos con una protección especial.

El magistrado, que inició su carrera en 1985, llega hoy a Chile donde sostendrá reuniones con diversas autoridades de los tres poderes del Estado: el Presidente de la República Sebastián Piñera, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; diversos congresistas y ministros de Estado. Además se juntará con el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica.

Uno de los motivos de su visita, además de agradecer la solidaridad con los inmigrantes venezolanos, es alertar a las autoridades chilenas respecto de las consecuencias políticas y jurídicas que está viviendo ese país y los problemas que acarrea para el continente.

– ¿Cuáles son esas consecuencias?

-Venezuela se ha convertido en un santuario de organizaciones donde el dinero del narcotráfico y el dinero de la corrupción financia grupos terroristas, que tienen la intención de tener un control político en varios países de la región. Tenemos el convencimiento, mediante varios procesos judiciales que hemos seguido, que hay una conspiración internacional entre varios países que utilizan vehículos peligrosos financieros para obtener el control en las votaciones en la Organización de los Estados Americanos, en las Naciones Unidas, para crear partidos políticos y financiar campañas.

No son unos delincuentes que buscan robar dinero para su lucro personal, su finalidad es el control político de varios países para imponer un sesgo ideológico, para imponer un modelo que sabemos que es un fracaso para los pueblos de América.

-En Chile es conocida la realidad económica y social que vive Venezuela. ¿Cuál es la situación judicial que vive su país?

-En Venezuela no hay acceso a la justicia. Es un Estado fallido. No hay un Estado de Derecho en Venezuela, por lo tanto, no hay una justicia. El hecho de que existan jueces o tribunales no significa que haya justicia. Hay jueces que están arrodillados a un régimen.

-¿Por qué no están impartiendo justicia?

-Algunos magistrados tienen miedo, porque los persiguen y apresan. Este es un régimen terrible, no es solo una dictadura.

-En noviembre del año pasado, la Sala Constitucional dictó un fallo que ordenó al Presidente Maduro abrir un canal de ayuda humanitaria. ¿Se cumplió esa resolución?

-No se cumplió. Ordenamos a Nicolás Maduro que permitiera la llegada de alimentos y medicina. Él no lo cumplió porque no hay un Estado de Derecho, no es un demócrata. Pedimos la ayuda internacional a la Organización Mundial de la Salud, porque en Venezuela está muriendo mucha gente de hambre.

-¿Qué sentido tiene seguir dictando resoluciones que no se puedan cumplir en Venezuela?

-Son pronunciamientos de jueces venezolanos. No es una comunidad internacional u otro país extranjero para que comiencen con el argumento de que están invadiendo la soberanía. Somos venezolanos y tenemos conciencia de lo que está pasando. Tiene un efecto para afuera, para dar un respaldo a la comunidad internacional. Les estamos pidiendo a los países amigos que nos ayuden, porque no lo podemos resolver solos, porque al frente tenemos un crimen organizado.

-¿Cuál es su visión de la situación política y de los procesos electorales que se han realizado?

-En Venezuela no puede haber ningún proceso electoral válido. Nuestra sala electoral dictó una decisión, donde hubo expertos matemáticos y funcionarios electorales, y se detectó falla gravísima en la data electoral, que no está limpia. No solo vota gente que ha fallecido, vota gente que no es venezolana. El proceso electrónico tiene cuatro fases que son fáciles de corromper, no son confiables. Los rectores del consejo nacional no fueron elegidos por la Asamblea Nacional sino que por la Constituyente. ¡Es un engaño!

-¿Existe una separación de poderes del Estado en Venezuela?

-No, existe en teoría. Es una ficción que por eso se llama Estado fallido, porque está en manos de los regímenes de un grupo de personas. Los jueces en Venezuela no son independientes ni autónomos. Ni siquiera son nombrados debidamente. Desde el 2002 que se eligen los jueces con elección a dedo, se escoge a los amigos, a los camaradas. Hay muchos que no cumplen requisitos.

-Partidarios de Maduro aseguran que en Venezuela rige una democracia. ¿Cuál es su visión en esta materia?

-No hay democracia. En Venezuela hay autocracia, hay anarquía.

”Las joyas de la corona son Chile, Colombia, México, en donde buscan debilitar la democracia”.

”El dinero del narcotráfico y de la corrupción financia el terrorismo para controlar los países”. MIGUEL ÁNGEL MARTIN Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

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