El historial de omisiones de Bachelet sobre DD.HH. en Venezuela

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En al menos cinco ocasiones, cuando era Presidenta de Chile, relativizó las violaciones a los Derechos Humanos en el país caribeño. Hoy, como Alta Comisionada de la ONU, está obligada por el Consejo de DD.HH. de ese organismo a elaborar un “informe exhaustivo” sobre las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, torturas y violaciones al derecho a la salud y alimentación. Por primera vez, después de muchas negativas, el gobierno venezolano aceptó la visita de un representante de las Naciones Unidas. “Cuando quiera ir a Venezuela, siempre es bienvenida”, dijo Maduro.

Michelle Bachelet tiene las puertas abiertas de Venezuela. O al menos así parece ser, según lo declaró el Presidente de ese país a los medios presentes en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).“Cuando quiera ir a Venezuela, siempre es bienvenida”, afirmó Nicolás Maduro.

Este es un beneficio del que no han gozado todos los altos comisionados de Derechos Humanos. El informe que elaboró esa Oficina “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, y que sirvió de sustento a la petición hecha por seis países, entre ellos Chile, para que la Corte Penal Internacional investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en el país caribeño, tuvo que ser hecho a distancia. Los expertos no pudieron visitar Venezuela ante las reiteradas negativas del gobierno a conceder el permiso para hacerlo. Ninguna organización internacional había recibido, hasta ahora, la venia estatal para constatar in situ cuál es la situación de los Derechos Humanos allí.

El permiso de Maduro llega tras una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU –que por primera vez se pronunció sobre Venezuela– “por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”. El texto exhorta al Gobierno a que acepte asistencia humanitaria y a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. Además, solicita a la Alta Comisionada que prepare un informe exhaustivo por escrito –este sería el tercero– para ser presentado en su 41° período de sesiones.

Bachelet respondió que cuando se reunió con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Ginebra le pidió “acceso al país” y le explicó que su oficina, con o sin resolución, tiene que monitorear y hacer un reporte sobre la situación de los derechos humanos y que si no pueden entrar lo hacen desde otro país; “pero que obviamente, si hay acceso, está la posibilidad de también recibir la versión oficial sobre las situaciones que se analizan y se reportan”.

No es que Bachelet no haya hablado sobre la crisis en Venezuela. Es que lo que ha dicho, según le han criticado, “carece de contundencia”. Un día antes de estas declaraciones, de cara a la inédita petición de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá de solicitar la investigación de Venezuela ante la CPI únicamente comentó que “respetaba” la decisión de esos “países soberanos”.

Sobre el mandato de la resolución del Consejo de Derechos Humanos, acerca de preparar un nuevo informe agregó: “Lo haremos como se espera de nosotros, de manera imparcial, no selectiva, sin sesgo y lo más neutral posible, pero para eso la mejor forma es que tengamos acceso a todos los actores”.

En consecuencia, ahora Bachelet deberá constatar lo documentado por su antecesor Zeid Ra’ad Al Hussein, cuya oficina dio cuenta de ejecuciones extrajudiciales que ocurren impunemente, con 505 muertos a manos de las fuerzas de seguridad –entre ellos 24 niños–, durante el plan de seguridad llamado “Operaciones para la Liberación del Pueblo” (OLP); la detención arbitraria de al menos 12.320 opositores políticos o personas consideradas como opositoras, o como amenazas para el Gobierno, entre enero de 2014 y abril de 2018; torturas y malos tratos; y violaciones al derecho a la salud y alimentación.

En la mañana en que se presentó la petición ante la CPI, dos ex funcionarios bacheletistas: el ex intendente DC Claudio Orrego y Juan Andrés Lagos, quien fuera asesor de Interior, se enfrentaron en opiniones en El Primer Café de Radio Cooperativa sobre las violaciones a los DD.HH. en Venezuela. Orrego citó un informe reciente presentado por Amnistía Internacional sobre seguridad ciudadana en ese país: “Amnistía Internacional, que espero que mi amigo comunista no la tilde de un esbirro del imperialismo norteamericano, ha condenado las gravísimas violaciones a los derechos humanos que ha habido en Venezuela (…). Hay que presionar para que el régimen de Maduro, que ha demostrado indolencia, incompetencia, sea de alguna manera forzado a generar espacios de diálogo”.

A esto Lagos respondió recordándole a Orrego que “en los gobiernos de los cuales fue parte la Democracia Cristiana venezolana cometieron crímenes de lesa humanidad atroces que nunca fueron condenados”. En alusión al estallido social conocido como El Caracazo, ocurrido en 1989. Al hacer una revisión de su actuar durante su segundo mandato, Bachelet pareciera inclinarse más por el mundo que representa Lagos que con el de Orrego.

“Quería saludar a la Presidenta Bachelet, darle un abrazo, recordar todo el cariño y el respeto que siempre le tuvo el Presidente Chávez”

La actitud poco definida de Bachelet ante la situación de Venezuela comenzó a manifestarse poco antes de que asumiera su segundo mandato. “Cuando entremos al gobierno lo que vamos a hacer es ofrecer apoyo al gobierno y al pueblo de Venezuela para realmente buscar los cauces democráticos, de paz social, para que los propios venezolanos puedan buscar ese camino”, afirmó en una entrevista televisada. Para ese momento las protestas comenzadas el 12 de febrero de 2014 llevaban un saldo de 20 fallecidos, casi 300 heridos y decenas de denuncias de violación de derechos humanos. Además de la prisión del líder opositor Leopoldo López.

Incluso, su ceremonia de investidura presidencial se vio eclipsada ante las dudas de si Maduro asistiría al acto. Hecho que estuvo en suspenso hasta el último minuto y que, finalmente, no ocurrió. Maduro justificó su ausencia alegando que “se había preparado un clima para un show de la derecha momia contra nosotros y uno tiene sangre en las venas”. En su programa televisivo “En contacto con Maduro” le envió un saludo: “Quería saludar a la Presidenta Bachelet, darle un abrazo, recordar todo el cariño y el respeto que siempre le tuvo el Presidente (Hugo) Chávez a ella y que ella profesó también por el comandante Chávez”.

En su primera conferencia de prensa, tras ser investida como Presidenta, dijo: “Quiero reiterar la voluntad del gobierno de Chile de apoyar y acompañar al pueblo venezolano y al gobierno, en un proceso que les permita seguir adelante en su camino democrático de un gobierno elegido democráticamente”, y agregó: “Jamás apoyaremos ningún movimiento que de manera violenta quiera derrocar a un gobierno constitucionalmente electo”. Pocos días después de que asumiera el mandato remató diciendo que su Gobierno no podía “prejuzgar” si se habían violado los derechos humanos en Venezuela, ni quién lo ha hecho, “sólo en base a la información de prensa”.

Los requerimientos de la prensa para que se pronunciara sobre la situación de ese país aumentaban. Varias organizaciones de derechos humanos sostenían desde entonces que allí había tortura y violaciones a las libertades de opositores, pero la respuesta ante la crisis causada por las protestas fue: “Jamás aceptaremos que nadie, ni persona, ni país, incite a través de mecanismos violentos a derrocar un presidente legítimamente electo”.

Otro hecho crucial que daba cuenta sobre cuál sería el matiz de su política exterior con respecto a ese país fue la designación del ex ministro de Allende, Pedro Felipe Ramírez, como embajador de Chile en Caracas. Para él, el problema en Venezuela consistía en que “se llevó adelante un proceso de cambio muy importante a partir de Chávez, con la nacionalización del petróleo, y ha sido resistido por sectores conservadores en lo económico y político”. Sin embargo, en 2018 y ya fuera del cargo admitió que Venezuela vive “absolutamente una dictadura”, además de una “crisis humanitaria espantosa”.

Jamás apoyaremos ningún movimiento que de manera violenta quiera derrocar a un gobierno constitucionalmente electo”.

En 2014 la posición de Chile, a través del canciller, Heraldo Muñoz, era la de concretar un diálogo entre el gobierno y la oposición. Un año más tarde, parlamentarios de la UDI y RN cuestionaban que Bachelet no se hubiese pronunciado ante la detención de Leopoldo López. “El que un país supuestamente democrático haya detenido y mantenido en prisión por un año al principal dirigente opositor requiere de la mayor de las condenas de la comunidad internacional. Chile y su Presidenta, Michelle Bachelet, no pueden seguir mirando para el lado. Es hora de exigir un juicio justo o su liberación al Gobierno de Maduro”, afirmó el diputado UDI José Antonio Kast. El silencio alrededor de ese tema se mantuvo.

“Me gustaría que se pronuncie sobre la violación de los derechos humanos que no solo sufre mi hermano, sino millones de venezolanos”

La ex Presidenta tampoco recibió a las esposas de Leopoldo López, Lilian Tintori, y del ex alcalde de Caracas también preso en ese momento, Antonio Ledezma, Mitzy Capriles, quienes visitaron Chile en abril de 2015. En esa visita, las mujeres sí lograron reunirse Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Ricardo Lagos.

Además, desmintieron a la ex Mandataria, quien había dicho que “nunca pidieron una reunión”. Tintori replicó que había enviado una carta manuscrita con una solicitud personal varios meses antes. Finalmente, se reunieron con Muñoz, quien les aseguró que el gobierno chileno había realizado reservadas gestiones ante la administración de Maduro para impulsar un proceso que permita liberar a los presos políticos.

El que un país supuestamente democrático haya detenido y mantenido en prisión por un año al principal dirigente opositor requiere de la mayor de las condenas de la comunidad internacional. Chile y su Presidenta, Michelle Bachelet, no pueden seguir mirando para el lado”.

La situación fue polémica porque los “problemas de agenda” de la mandataria no le impidieron recibir en La Moneda a su amigo Joan Manuel Serrat, cantante catalán.

López y Ledezma no fueron los únicos presos políticos en Venezuela por los cuales se exigió una respuesta de Bachelet. El caso del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar también requirió de su atención. Ana Julia Jatar, hermana del hombre detenido por informar sobre una protesta subiendo unos videos al portal Reporte Confidencial el 3 de septiembre de 2016, envió una carta personal a la Presidenta solicitándole que llamara a Maduro e intercediera. La misiva no fue respondida.

Ya en 2017, ante el debate sobre la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y después de que se hubiese denunciado la ruptura del hilo constitucional en Venezuela tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que se abrogaba para sí las atribuciones del Parlamento, Bachelet aún no calificaba al gobierno venezolano como una dictadura.

En una entrevista concedida al diario argentino La Nación, esto fue lo que respondió sobre si en Venezuela había democracia: “Depende de lo que usted considere una democracia. Si considera que una democracia es que se elija un Presidente de la República por vía electoral, abierta, limpia, entonces la definiría una democracia. Sin embargo, creo que no basta hoy en el mundo con ser electo, y esto corre para todo el mundo: creo que un Presidente debe seguir trabajando, generando espacios de participación y acercamiento de las distintas partes. Los países somos todos, no solamente los presidentes. Cada presidente debe buscar en su país los acuerdos para tener una convivencia en paz”.

Y esta vez le corresponderá a la ex Jefa de Estado, en su rol de Alta Comisionada, redactar un “informe exhaustivo” por escrito sobre la situación de los DD.HH. para ser presentado en su 41° período de sesiones. Un tema, que en esta ocasión, tendría menos margen como el que se dio las veces en que se refirió al régimen de Maduro.

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