El gran acuerdo nacional

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Las sociedades modernas existen sobre la base de un acuerdo fundacional: las personas renunciamos al uso de la fuerza como mecanismo de resolución de conflictos, quedando radicado en el estado el monopolio de su uso. Fuera de ese acuerdo no existe el estado moderno; desde luego, el estado de derecho supone este principio primario, la democracia requiere de la competencia pacífica entre los distintos proyectos, el ideal del gobierno de la ley antagoniza con el predominio del más fuerte y, finalmente, esta renuncia es el único contexto posible para resguardar los derechos fundamentales.

Sin importar el respeto que se tenga por culturas diversas, por tradiciones ancestrales o por reivindicaciones de grupos que se sienten oprimidos por los valores occidentales, ningún país desarrollado ha aceptado dialogar sin exigir el respeto a este principio fundamental. Si lo hiciera disolvería el fundamento que legitima su existencia.

Una sociedad que permite que se dispute la ilegitimidad del uso privado de la fuerza se acerca peligrosamente a la institucionalización de la violencia. El primer paso de esa perversión es hacer equivalente la legitimidad del uso de la fuerza pública con la violencia particular, o sea, mirar como “iguales” al que está violando la ley con el que está ejerciendo el mandato de hacerla cumplir.

Parte de nuestro sistema político y de justicia se han movido en esa dirección, la manera en que se interpreta hoy el uso proporcional de la fuerza por parte de los agentes de la ley hace que, en la práctica, se les ha desarmado. Nadie ha desmentido que en el allanamiento a Temucuicui los funcionarios de la PDI ingresaron sin armas largas, al parecer lo hicieron solo con armas de puño y escopetas antimotines, el resultado es conocido.

Frente a la situación de La Araucanía el Presidente de la República ha pedido un gran acuerdo nacional, es razonable pedir la voluntad común para tomar medidas especiales de gestión, para impulsar planes sociales o para acelerar proyectos de ley, pero lo que no se puede pedir es un acuerdo para hacer cumplir el principio fundamental de que la violencia privada es inaceptable y debe ser reprimida con todo el poder del Estado. Lamentablemente, esto es lo que se ha entendido.

Es fácil exigir que se decrete estado de sitio y se imponga el orden por la fuerza. Pero qué va a hacer el gobierno cuando los militares o policías sean imputados por el Ministerio Público, cuando se decrete su prisión preventiva y el ministro del Interior -otro más- sea destituido por el Congreso. Ahí quedamos ad portas del quiebre institucional.

El problema no es que el gobierno pida un gran acuerdo o que no lo consiga. El problema es que el gran acuerdo que nos hace viable como estado moderno parece estar a punto de ser explícitamente desahuciado.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/el-gran-acuerdo-nacional/HMNS2XQOXNBYJE5QQFQKRQD37M/

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