El drama humanitario de Venezuela

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El retorno de un centenar de compatriotas provenientes de Venezuela -quienes se acogieron a un programa humanitario diseñado por el gobierno de Chile- es un nítido recordatorio de la grave crisis política y económica que afecta a dicho país, que ha sido socavado por el chavismo y cuyas consecuencias son a estas alturas imprevisibles.

Son precisamente los testimonios espontáneos de las personas los que mejor grafican el drama que afecta a Venezuela, que según algunas fuentes podría estar entre las diez naciones con las mayores crisis humanitarias de la actualidad. Así, la escasez de medicinas y la falta de atención en salud -el régimen se vio en la necesidad de aceptar recientemente un programa de asistencia de Naciones Unidas para medicinas y equipamiento médico-; el desplome de la economía y la hiperinflación, o la inseguridad que se ha apoderado del país -Venezuela registra una de las tasas de homicidios más altas en el mundo- son recurrentes para explicar el por qué connacionales que tenían una vida ya establecida en dicho país se ven forzados a regresar. Es, por lo demás, el mismo drama que padecen los propios venezolanos, lo que ha generado un éxodo que ya supera los tres millones de personas y que desde luego ha presionado todos los sistemas migratorios de la región.

Es razonable que frente a este drama humano el gobierno chileno haya implementado este vuelo en un avión de la FACh -aprovechando un viaje que llevó a haitianos residente en Chile de regreso a Puerto Príncipe, también por razones humanitarias-, quedando abierta la posibilidad de que se pueda repetir en el futuro. Si bien este tipo de programas constituyen un aporte valioso, es un hecho que la mejor contribución que puede hacer nuestro país es empeñarse para que, en conjunto con la comunidad internacional, la dictadura de facto que se ha apoderado de Venezuela llegue a su fin dentro de los cauces que entrega el derecho internacional.

El régimen de Nicolás Maduro se apresta a asumir un nuevo mandato a partir del 10 de enero, en virtud de unas elecciones ilegítimas llevadas a cabo en mayo pasado, comicios que vulneraron todas las garantías de un proceso justo, no solo porque resulta irrisorio que en un país sumido en una crisis de esta profundidad el gobernante se haya reelegido con más del 60% de apoyo, sino porque la oposición careció de toda posibilidad de ejercer sus derechos. Ante esta realidad, un gobierno de esta naturaleza no puede ser reconocido por la comunidad internacional, para lo cual se requiere de señales inequívocas.

Chile, al igual que el resto de los países que conforman el Grupo de Lima, se ha negado a reconocer los resultados de las elecciones. Estados Unidos también ha calificado de ilegítimos estos resultados y ha impuesto sanciones económicas; la Unión Europea, si bien ha cuestionado las elecciones, ha tenido una actitud menos resuelta, limitándose a imponer sanciones contra dirigentes chavistas y embargo de armas, lo que ha sido inútil para forzar al régimen a capitular y permitir la realización de elecciones auténticamente democráticas. Bajo la conducción de Maduro no se advierte posibilidad de que Venezuela supere por sí sola esta crisis, por lo que una salida solo depende ahora de una respuesta más contundente de la comunidad internacional.

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