El castigo a la centroizquierda

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Aun cuando el gobierno ha experimentado un significativo descenso en la aprobación ciudadana, esta caída no está siendo capitalizada por la centroizquierda, que hasta el momento no ha sido capaz de posicionar figuras con proyección presidencial. La última encuesta CEP entrega luces al respecto, pues entre los 10 personajes políticos mejor evaluados, los dos primeros son personeros ligados a la centroderecha, mientras que en tercer lugar se ubica la expresidenta Michelle Bachelet. De los restantes, tres pertenecen al Frente Amplio, otros tres al oficialismo, mientras que en el décimo lugar figura Alejandro Guillier.

Si en diciembre de 2016 -siguiendo las cifras del CEP- el 27% de los encuestados se identificaba con la centroizquierda, en mayo de este año dicho porcentaje se ubicó en apenas 15%, contra el 14% de identificación que registró la centroderecha. Es temprano para dar por hecho que la ex Nueva Mayoría carece de toda chance electoral en los futuros comicios presidenciales, pero han sido algunos de sus dirigentes más prominentes quienes han dado a entender que dichas posibilidades se ven por ahora lejanas. Quizás sean esas diluidas expectativas -en lo que influiría la falta de confianza de la ciudadanía en su capacidad para dar gobernabilidad- las que han llevado a una desorganización de las fuerzas opositoras, incapaces de encontrar puntos de acuerdo en visiones de más largo plazo, y por lo mismo privilegiando muchas veces un actuar poco responsable, al obstaculizar incluso la discusión legislativa de algunas de las reformas estructurales que ha propuesto el gobierno, causando grave daño al país.

La ex Nueva Mayoría continúa sosteniendo como proyecto político la cerrada y obsecuente defensa de su legado, favoreciendo nociones estatistas, recelosas de una economía abierta y competitiva, o creyendo que el Estado puede sustituir mejor a las familias en la elección de los proyectos educativos en la educación pública. Es una agenda ideológica que desde luego colisiona con las prioridades que la propia ciudadanía una y otra vez identifica como indispensables, encabezadas -según la CEP- por la delincuencia, pensiones, salud, educación y -escalando rápidamente- la corrupción. Banderas típicas de este sector, como la desigualdad, no despiertan mayor entusiasmo, y solo al final figuran temáticas como derechos humanos o reformas constitucionales.

Estas prioridades que identifica la CEP no son otra cosa que reflejo del más puro sentido común de la ciudadanía, y en la medida que la ex Nueva Mayoría persista en privilegiar agendas sobreideologizadas, es difícil que vuelva a establecer una conexión con los votantes, en especial cuando el mismo estudio da cuenta de un inédito fenómeno de “despolitización”, con escaso interés por las discusiones políticas o una fuerte pérdida de identificación con los partidos políticos. Llama la atención que por estos días han sido dirigentes del propio Frente Amplio los que han señalado que para hacer cambios se requiere un país “en orden” y una “economía que funcione”, discurso que parece haber sido abandonado por la izquierda tradicional.

El castigo a la centroizquierda

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