Dios estado proveerá

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Sebastián Boegel

Director de Desarrollo

La última semana, la ciudad de Osorno se vio envuelta en una crisis sanitaria de proporciones, cuando, debido a una negligencia de la empresa distribuidora, sus pobladores estuvieron sin acceso al agua potable durante más de una semana. Con la presión de los osorninos en las calles y de las declaraciones de las autoridades frente a la desinformación e irresponsabilidad de Essal, recién el día domingo se logró reestablecer el servicio.

Esta situación trajo diversas consecuencias políticas, levantando voces relevantes a criticar el tardío actuar y la negligencia de la compañía, e incluso algunas más a la izquierda, como la CUT y el PC, volvieron a plantear una idea tan antigua como seductora: los servicios básicos deben ser provistos por el estado. “Nacionalicemos el agua” dicen. Esta idea, que puede ser atractiva para algunos sectores – ¿por qué no pasar el agua a manos del estado, si las empresas privadas fallan en su provisión? – subyace ciertos principios que es importante tener a la vista.

El sugerir que la única manera de concebir un bien como un derecho – que hoy es el acceso al agua, pero que ayer fue la educación, la salud y las pensiones – es que éste sea entregado por el estado, presenta limitaciones importantes. El principio de subsidiariedad nos da ciertas luces respecto a esto, en cuanto ordena al poder estatal a habilitar y fortalecer la sociedad civil para que esta atienda sus propios fines, absteniéndose, al mismo tiempo, de intervenir cuando ésta se baste a sí misma. En Osorno el problema no fue que Essal fuera privada y no del estado, si no que los mecanismos de fiscalización y control, tanto gubernamental como ciudadano, eran tan escasos como el agua.

Otro argumento contra la participación del estado es más bien práctico y de eficiencia: no tiene la capacidad técnica y humana para ocuparse de la distribución de bienes y servicios a toda la población chilena. Además, al tener recursos escasos y múltiples necesidades de las cuales hacerse cargo, hay un problema de costo de oportunidad: al participar en estos mercados, el estado deja de priorizar y focalizar los recursos donde es más urgente, por lo que, si existen organismos privados que pueden hacerlo mejor y de manera más eficiente a cambio de cierta rentabilidad, ¿por qué no?

El ser contrario a un estado garante no implica necesariamente fomentar uno ausente, sino más bien el tomarse en serio la complementariedad público-privada. Por ello, es clave que el estado favorezca, promueva y establezca ciertos marcos a los privados en la persecución de fines que son de interés público, tal como lo es en el caso del agua, a través de la licitación de concesiones. Esto a su vez presenta la exigencia a la autoridad de una fiscalización activa, marcos regulatorios estrictos y penalizaciones ejemplares a quienes incumplan, ya que no podemos, ni debemos, vivir un Osorno 2.0.

Dios estado proveerá

 

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