Defraudación de confianza ciudadana

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Una investigación periodística realizada por este medio reveló una serie de inconsistencias en la información personal de senadores y diputados contenida en páginas oficiales, lo que ocasionó un justificado revuelo. Así, proliferan los casos de “abogados”, que en realidad son egresados de derecho, pero también de “economistas” y otras situaciones que no se condicen con la realidad.

No cabe duda de que frente a otras situaciones, como el financiamiento irregular de la política, este tipo de faltas pueden aparecer de menor jerarquía o en algunos casos anecdóticas. Sin embargo, minimizar el alcance de estos hechos es un error, porque estas desprolijidades lo único que logran es profundizar la desconfianza en las instituciones y acrecentar la negativa imagen que la ciudadanía ya tiene del Congreso. Al efecto, cabe tener presente que un estudio de opinión del Centro de Estudios Públicos (abril-mayo 2017), reveló que las instituciones que mayor desconfianza despiertan entre los chilenos son precisamente el Congreso y los partidos políticos, ambos con apenas un 6% de las preferencias. El mismo estudio reveló que ambas instituciones son, a su vez, en donde mayoritariamente existe la percepción de un aumento de la corrupción.

Las explicaciones o justificaciones de varios de los aludidos en el reportaje resultan en muchos casos insólitas, buscando deslindar responsabilidades en la Biblioteca del Congreso, organismo encargado de sistematizar la información personal de cada parlamentario. Esta posible falta de rigurosidad no puede justificar, sin embargo, que los propios interesados no hayan puesto mayor celo en corregir este error, restando importancia a figurar con una profesión que no poseen. Los casos irregulares son transversales, pero sorprende que haya sido en la bancada del Frente Amplio (FA) donde se hayan detectado varios de estos casos -específicamente de “abogados”-, en circunstancias que el ideario de este bloque ha sido representar un cambio respecto de las viejas prácticas políticas y buscar una conexión directa con la ciudadanía.

A nuestra clase política le ha costado trabajo asimilar que los estándares éticos que hoy demanda la ciudadanía en la esfera pública son mucho más estrictos, sin demasiado umbral de tolerancia. Mentir o atribuirse una profesión que no se posee defrauda la confianza pública, y es evidente que a un ciudadano común y corriente le representaría un alto costo personal ser sorprendido en una falta así, lo que no necesariamente ocurre en el caso de los políticos. Estas distintas varas para medir conductas reprochables son desde luego irritantes.

Es valorable que algunos de los parlamentarios aludidos en esta investigación periodística hayan resuelto modificar de inmediato sus antecedentes -justo es reconocer que ello ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del FA-, pero es necesario que el propio Senado y la Cámara de Diputados adopten medidas concretas que eviten que estas situaciones sigan ocurriendo. Estamentos que descansan de manera fundamental en la confianza ciudadana deben hacer todo lo posible para que los estándares de transparencia y confiabilidad no sean puestos en entredicho.

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