Declaración en apoyo a Lula da Silva

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intromisión en el normal funcionamiento institucional de otro país. El ex presidente de Brasil está cumpliendo una condena a 12 años y un mes de cárcel por lavado de dinero y corrupción pasiva, cuyo caso ha sido revisado hasta ahora no por una sino por tres instancia judiciales, incluyendo el Supremo Tribunal Federal de Brasil -que desestimó un pedido de habeas corpus a favor del ex mandatario-, las que tuvieron a la vista abundantes evidencias que sustentan los cargos. Así lo deja claro también la sentencia del caso al señalar que “existen pruebas por encima del umbral de la duda razonable de que el expresidente fue uno de los principales articuladores del esquema Petrobras”.
Por ello es grave sostener, como se hace en la declaración, que en el juicio contra el ex mandatario se invocaron “argumentos procesales discutibles” o “que su proceso y el fallo están privados de un sustento jurídico consistente”. Resulta a su vez aventurado señalar que el ex mandatario no ha gozado de un debido proceso, cuando no sólo se han respetado todas las garantías que debe tener un acusado sino que se han acumulado más de tres mil evidencias en su contra y, quien fuera uno de sus hombres más cercano, Antonio Palocci -amparado en los beneficios de la delación compensada- ratificó las acusaciones que pesan contra él. Además, si bien es cierto que Lula cuenta aún con instancias de apelación, en el Supremo Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal, a ambos tribunales no les compete revisar el fondo de las acusaciones sino sólo si se aplicaron correctamente las leyes y se respetaron las garantías constitucionales del acusado.

Resulta por ello aún más serio que en la declaración se intente supeditar la correcta aplicación de la justicia a una supuesta “preeminencia de la soberanía popular”, al instar al Poder Judicial de Brasil a permitir la inscripción de la candidatura presidencial del ex mandatario, argumentando que de no ser así se estaría poniendo en riesgo la democracia e incluso la estabilidad política de ese país, por el hecho de que el líder del PT encabeza las encuestas. Ese camino sólo busca alterar y no respetar la legalidad, como se insiste. De acuerdo con la llamada ley de la ficha limpia, impulsada por el propio exmandatario y aprobada en 2010, ninguna persona que fue condenada en segunda instancia -como es su caso- puede ser candidato a un cargo de elección popular. Sin embargo, ahora es justamente el expresidente y sus partidarios quienes intentan eludir esa norma al inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre.

La democracia y la estabilidad política, que los firmantes de la declaración aseguran defender, se garantizan respetando las normas establecidas y dejando que las instituciones funcionen y no supeditando la legalidad a intereses políticos particulares.

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