Corte Suprema y cumplimiento de fallos de DD.HH.

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El pleno de la Corte Suprema, con fecha 26 de abril, acordó dejar sin efecto unas sentencias dictadas en procesos penales seguidos en Chile. Para ello se sostiene que sería imperativo lo previsto en los artículos 5° inciso 2° y 76 de la Constitución Política de la República y 63 N° 1 y 68 N° 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Según este acuerdo, “las referidas decisiones condenatorias no pueden permanecer vigentes, atendido que su subsistencia supone la de las conductas lesivas de las garantías fundamentales reseñadas y que han sido verificadas por el tribunal internacional competente, por lo que esta Corte Suprema declarará que los fallos condenatorios citados han perdido los efectos que les son propios”.

En nuestra opinión, ese acto no puede producir efectos por varias razones:

Porque se ha creado un mecanismo de anulación que no tiene nuestro Derecho. Es verdad que el Estado de Chile fue condenado a “adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas”. Sin embargo, ello se debe hacer conciliando los límites del Estado de Derecho para cumplir las resoluciones de la CIDH. Como se sabe, una vez que surge el efecto de cosa juzgada, en palabras de la misma Corte Suprema, no se puede discutir la corrección o la legalidad de los actos del proceso que le sirvieron de base, salvo por medio del recurso de revisión en sus respectivos casos (CS, 6 de abril de 1939, RDJ, t.37, sec.1ª, p.1; CS, 11 de noviembre de 1955, RDJ, t.52, sec.1ª, p.362). A través de ese recurso se logra que en materia penal todo inocente siempre pueda recuperar su libertad, cuando se ha dictado en su contra una sentencia injusta o fraudulenta. De hecho, la revisión penal no tiene plazo, porque el valor de la libertad en nuestro país es un derecho fundamental.

La posibilidad que nuestra Corte Suprema pueda haber creado un mecanismo para anular sentencias ejecutoriadas no ha reparado que la Constitución dispone que son materia de ley “las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra” (art. 63 N° 3). Con ese límite constitucional ningún órgano puede arrogarse la facultad de fijar reglas que, por su indiscutido contenido procesal, deben tener origen en el Parlamento.

También debe considerar que este novedoso mecanismo de anulación está reconociendo a la CIDH la calidad de jueces de instancia, que darán la última palabra en nuestro sistema judicial. A partir de este Pleno no habrá justiciable en Chile que no busque obtener de este tribunal internacional una declaración de sus derechos o garantías procesales, para cuestionar el trabajo de nuestra judicatura.

Si efectivamente se cometieron errores jurídicos en el pronunciamiento de las decisiones judiciales, la solución debe buscarse en otras instituciones, como las leyes de indulto o de amnistía. Resulta excesivo, a mi entender, que para hacer cumplir una sentencia en materia de Derechos Humanos se termine por suprimir las reglas de clausura que permiten cerrar los debates judiciales. Una solución de ese tipo solo debilitará la certeza jurídica que nuestros jueces están llamados a garantizar.

Alejandro Romero Seguel

Profesor de Derecho Procesal Universidad de los Andes

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