Constitucionalismo y poderes del Estado

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Luis Larraín Arroyo               La Tercera               12 12 2020

Chile se encuentra en un proceso para elaborar una nueva Constitución. Uno supone que los contenidos de esta nueva Carta Fundamental serán respetados, especialmente por quienes ostentan posiciones de poder en el Estado. Pero el comportamiento reciente de algunas autoridades hace dudar de esto que parece tan evidente, lo que nos llevaría al absurdo de perder el tiempo durante más de dos años, con importante costo para el país, para terminar elaborando una institucionalidad que no se respete.

Llaman la atención entonces actuaciones de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Ella es la segunda autoridad del país y hace algún tiempo dijo a propósito de la discusión sobre el posnatal que prefería cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida que pasar por sobre una demanda urgente de las madres.

Esta semana vuelve a sorprender, presentando un proyecto de ley para otorgar indulto general a presos del “estallido social”, argumentando que no es aceptable que hace más de un año estas personas no tengan derecho a un debido proceso. Es insólito que la máxima representante de un poder del Estado, el Legislativo, que ha sido parlamentaria hace muchos años, diga que en Chile no hay debido proceso, con lo cual agravia a otro poder del Estado, el Judicial; porque 232 personas acusadas de delitos graves están en prisión según lo establecido en leyes y decisiones judiciales.

Están acusados por delitos tales como desórdenes públicos, saqueos, colocación de bombas, homicidios y atentados incendiarios. El indulto que propone la senadora beneficiaría por ejemplo al autor confeso de la quema de una estación del Metro. La segunda autoridad política del país no debiera, por favoritismo político, distorsionar de esa manera la realidad. El Director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha pedido ser cuidadosos con el lenguaje, agregando que no cree que en Chile haya presos políticos.

Esta misma semana, en declaración pública, la mesa del Senado manifestó que las propuestas del gobierno y parlamentarios de Chile Vamos para escaños reservados a pueblos originarios se encontraban lejos de las que la oposición había formulado y eran insuficientes. La oposición pretendía que los escaños reservados fueran super-numerarios, vale decir adicionales a los 155 que fueron aprobados en una reforma constitucional y en el reciente plebiscito. Afortunadamente el gobierno y el oficialismo se pusieron firmes y evitaron este nuevo atropello a la Constitución fraguado desde la mesa del Senado.

El país requiere autoridades que adhieran al constitucionalismo, cuyos fundamentos son el poder limitado, el pluralismo, la igualdad del voto, el estado de derecho que exige respeto a la ley y la Constitución, el rechazo a la violencia, funas y amenazas. Son valores compartidos que debieran defenderse siempre.

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