Constitución

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Rolf Lüders

Economista

El acuerdo por la Paz, los Derechos Humanos y el Orden Público incluye la realización de un plebiscito para determinar si se mantiene la actual Constitución o si se implementa una nueva. Para muchos la vigente es ilegítima en su origen. Se argumenta que, a pesar de haber sido refrendada en un plebiscito y haber sufrido en democracia importantes modificaciones, fue diseñada y aprobada en dictadura. Entre otros aspectos, se sostiene que institucionaliza el rol subsidiario del Estado, lo que es falso.

En democracia el principal objetivo de las constituciones es limitar el poder del Estado. Lo hacen estableciendo las reglas básicas del juego político, económico y social en que todos los ciudadanos puedan concordar; la casa común, como se ha denominado. Considerando la diversidad de visiones existentes en Chile, no se debiera privilegiar -en materia económico-social- un modelo en particular. No obstante, para acotar la incertidumbre, es conveniente que la Constitución deje establecidos unos pocos principios básicos fundamentales que guíen (limiten) el quehacer correspondiente.

Pues bien, con la finalidad de acotar el poder del Estado y garantizar los derechos individuales, la actual Constitución fortalece, entre otras cosas, los derechos de propiedad, establece la más amplia libertad de emprendimiento, y limita el poder del Estado para discriminar entre personas y sectores económicos. Las anteriores disposiciones -cuya formulación en algunos casos se debiera matizar- son esenciales en todo tipo de economía en que el mercado juega un rol de importancia en la asignación de recursos. Pero es evidente que bajo su alero se puede implementar un amplio rango de sistemas económicos (alguno parecido a los países nórdicos o el chileno, por ejemplo).

Además, la experiencia internacional y la chilena en particular, hicieron recomendable incluir en la Constitución dos disposiciones orientadas a facilitar la estabilidad macroeconómica del país: la autonomía del Banco Central y la iniciativa del Poder Ejecutivo en materia presupuestaria. Éstas han facilitado que las autoridades mantengan bajas las tasas de inflación (que en 1973 llegaron a ser del 500 por ciento anual) y razonables los desequilibrios fiscales (que en el mismo año llegaron a superar el 20 por ciento del PIB).

En resumen, la actual Constitución no institucionaliza el principio de subsidiariedad, pero fija ciertas reglas muy generales en materia económico-social que permiten la implementación de una variedad de sistemas y políticas económicas particulares, siempre que estén basadas -para asignar recursos- en el uso de ambos, el Estado y el mercado. La utilización que se haga de uno y otro instrumento depende entonces de las correspondientes ventajas comparativas y de las preferencias ciudadanas

temporales.https://www.latercera.com/opinion/noticia/constitucion/919352/

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