Basta a la guerra ideológica en educación

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En una verdadera guerrilla ideológica, la oposición contrapuso al proyecto de ley Admisión Justa, presentado por el Gobierno para corregir defectos de la Ley de Inclusión, como la posibilidad de selección y meritocracia, otro titulado “Machuca”, que tiene por objetivo evitar la segregación escolar y favorecer la integración social dentro de la sala de clases. Nadie podría discutir la bondad de una política así, pero es absurdo pensar que solo la integración física de alumnos de diversa procedencia social y cultural promoverá por sí sola la inclusión escolar.

Por la disputa ideológica, algunos de nuestros legisladores han olvidado o desconocido los diversos factores que explican la segregación escolar. Se puso fin al financiamiento compartido bajo el argumento de que la exigencia de pago impedía la integración de alumnos provenientes de familias socioeconómicamente vulnerables, desconociendo, en primer lugar, la exigencia legal de otorgar becas, junto con cobros regulados, y el hecho de que muchos colegios tenían sistemas de tramos diversos de escolaridad. Curiosamente, está demostrado que los establecimientos con mayor diversidad social son los del sector particular subvencionado, en especial los que tenían financiamiento compartido; y los que presentan menos diversidad social son los de dependencia municipal y particulares pagados.

Todas las investigaciones vinculan la segregación con la ausencia de una política urbana que favorezca la integración social. Por eso escuelas y colegios de comunas como La Pintana, La Legua, Quilicura, Pudahuel, San Ramón, la Granja y otras periféricas de la Región Metropolitana tienen matrícula mayoritariamente vulnerable y ninguna legislación va a alterar eso. Lo propio, por razón inversa, va a ocurrir en Las Condes.

Si nuestros legisladores quieren introducir una verdadera política de “integración escolar”, deben establecer una normativa que regule una configuración urbanística de las grandes ciudades que contemple una política de viviendas sociales y servicios asociados que favorezca la integración. Además, necesitarán modificar la cultura escolar instalada y cambiarla por una que promueva una eficaz y efectiva integración social en la escuela. Para esto se debe trabajar en la formación inicial de los maestros, ya no en función de educar a una población homogénea, sino a una población escolar heterogénea por su procedencia social y cultural diversa: alumnas y alumnos con capitales culturales de origen diferente. Asimismo, se requiere mejorar las remuneraciones y condiciones de trabajo de los maestros en razón de esta tarea desafiante. Por la experiencia de los países desarrollados, las clases deben contar con un máximo de 30 alumnos, siendo ideal 20. La relación de horas lectivas y no lectivas debe ser 50 y 50. Deben incorporarse al trabajo educativo otros profesionales, como psicólogos educacionales y educadores diferenciales. Junto con esto, se debe contar con una mayor cantidad y variedad de recursos educativos. Por último, se debe trabajar con padres y alumnos promoviendo una cultura escolar integradora.

En definitiva, lo que se necesita es que legislemos con racionalidad, haciéndonos cargo de nuestra realidad. Promovamos una real política de “integración escolar”, que nos permita, al mismo tiempo, resolver el problema instalado de la baja calidad de la educación escolar en Chile.

Guido Crino
Presidente
Federación de Instituciones de Educación Particular, FIDE

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