Amenazas a la industria pesquera

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La industria pesquera, un sector de histórico aporte al desarrollo económico del país, pasa por delicados momentos. La ausencia de políticas públicas claras, que se hagan cargo de las dificultades que presenta la legislación que regula la actividad, así como la falta de diálogo entre los diversos actores, han ido paulatinamente, pero de forma muy perceptible, deteriorándola.

Entre las iniciativas que no obstante requerir impulso del Ejecutivo se han tramitado igualmente, la más emblemática es aquella conocida como la “ley de la Jibia”, cuyos efectos laborales -largamente advertidos- ya se hacen sentir en cientos de trabajadores de la región del Biobío. La moción avanzó con apoyo transversal de diputados -que al parecer estuvieron más pendientes de las tribunas que del contenido de la norma-, y con una cierta complacencia del Ejecutivo, actitud que solo vino a cambiar en los trámites finales del proyecto, con advertencias de recurrir al Tribunal Constitucional o, más tarde, de hacer uso del veto presidencial. Los anuncios, sin embargo, no se concretaron. En los últimos días se presentó una nueva moción para eliminar la pesca de arrastre para la captura de la merluza, nuevamente pasando a llevar facultades exclusivas del Ejecutivo. Si el gobierno, a través del nuevo titular de Ministerio de Economía, va a repetir la actitud prescindente y tardía, lo más probable es que la historia se vuelva a repetir.

No ha sido solo la iniciativa parlamentaria y la neutralidad gubernamental las que han causado la situación de precariedad jurídica, pues la denominada “ley corta de pesca” -actualmente en el Senado- también adolece de serios problemas. En efecto, el Ejecutivo plantea la sustitución de la Ley General de Pesca y Acuicultura mediante la incorporación -al término de las actuales licencias transables de pesca- de un sistema de licitaciones, pasando por alto que dichas licencias constituyen un bien incorporal que ingresó al patrimonio de sus titulares. La ley vigente establece que dichas licencias temporales se otorgarán por un plazo de 20 años renovables. Recientemente, la Comisión de Pesca del Senado invitó a constitucionalistas que concluyeron que la modificación que impulsa el gobierno es contraria a la carta fundamental en cuanto priva a quienes tienen la titularidad del derecho de propiedad del bien sobre el que recae tal derecho, sin que la norma propuesta contenga elementos de una ley expropiatoria, autorización expresa, derecho a indemnización, entre otros.

Los proyectos recientes asociados a la pesca revelan un problema mucho más profundo, cual es la complacencia para que legislaciones abiertamente inconstitucionales avancen en el Congreso. Es urgente retomar el análisis riguroso y serio durante la tramitación legislativa de los proyectos de ley que por mucho tiempo distinguió al país y evitar decisiones políticas que socavan el derecho de propiedad de manera flagrante.

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