Agresión al presidente del TC

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La agresión sufrida por el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, trasciende la dimensión de un caso particular y constituye un hecho de la máxima gravedad que altera nuestra convivencia democrática. Como lo han sostenido recientemente en una carta a este diario distintos expresidentes del TC: “vemos en este acto un rechazo frontal hacia la institucionalidad que el país se ha dado para resolver sus conflictos. Atentar contra un juez no es otra cosa que negar la acción de la justicia”.

Este episodio delictual cometido por un grupo de personas -que incluyó golpes de pie y puño primero en la espalda, y después, cuando lograron derribar a su víctima, golpes en el suelo y lanzamiento de objetos- es una señal de un creciente clima de intolerancia que no debe admitir ningún tipo de justificación en el debate político. Con el pretexto de no estar de acuerdo con una institución o considerarla ilegítima, en ningún caso las armas para manifestar un descontento en su contra pueden considerar la violencia.

La institucionalidad de un país puede gustar o disgustar, pero resulta completamente descabellado que, en aras de la democracia y la justicia, se vulnere la integridad física y psicológica de quienes cumplen el papel de mantener vigentes las reglas constitucionales para el aseguramiento de nuestra convivencia. Lo que se viene expresando de esta forma ominosa no son opiniones ni pareceres sobre ciertas materias controvertibles, sino la certeza que asiste a algunos de que sus convicciones son poseedoras de la verdad, mientras que las de sus oponentes carecen de ella. La receta para salir de este clima de polarización no es abonar esta virulencia con razones para menospreciar nuestra democracia, sino hacer un uso intensivo de sus herramientas para elevar su calidad.

Por otra parte, se debe avanzar en las labores de prevención policial para evitar que este tipo de sucesos se repitan. Habiendo antecedentes de hechos similares ocurridos con anterioridad -el año pasado el ministro Domingo Hernández fue agredido también a la salida del tribunal, hecho que terminó lamentablemente sin sanción por falta de evidencia-, resulta difícil de comprender que en este caso en particular no se hayan tomado las medidas policiales para brindarles seguridad a los ministros. Ello resulta más inexplicable todavía si al momento de la agresión estaba en debate en el TC una causa que genera especial sensibilidad y manifestaciones, como es la de las libertades condicionales, que tiene implicancias en los casos de violaciones a los derechos humanos.

Además, no deja de sorprender que transcurrida más de una semana del ataque en plena vía pública al presidente del TC, que fue filmado, cuenta con numerosos testigos y cuyos autores son fácilmente identificables, no se haya sabido hasta ayer de ninguna detención. Un hecho de esta gravedad exige un actuar rápido de la justicia, especialmente cuando las pruebas están a la vista.

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