Admisión justa

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Durante las últimas semanas hemos escuchado cada vez más testimonios de familias perjudicadas por el Sistema de Admisión Escolar creado en el gobierno anterior de la expresidenta Michelle Bachelet. La oposición, ofuscada en su soberbia, ha menospreciado esta realidad, tildando de “casos aislados” o “casuísticos” a las miles de familias chilenas que no lograron ver satisfechas sus expectativas en el proceso de postulación.
Solo en la región del Biobío fueron cinco mil las familias que no lograron un cupo en el proceso regular, existiendo todavía, a menos de un mes de que comiencen las clases, más de 1.400 que aún no saben dónde estudiarán sus hijos este año escolar que comienza, con la incertidumbre que esto provoca.

¿Dónde está el problema de fondo? Primero, en el diseño de esta reforma, que limita la libertad de las familias para decidir sobre algo tan delicado como la educación de sus hijos y, por eso, incluso quienes lograron un cupo, ven una amenaza en este sistema, que de forma paternalista y ciega direcciona algo que las familias consideran como un derecho que no se les puede arrebatar.
Segundo, en el proceso de validación de este sistema, ¿fueron consultadas y escuchadas las familias, los centros de padres, las comunidades escolares? No. El gobierno anterior gastó millones de pesos en cabildos para cambiar la Constitución (cuestión que finalmente no prosperó), pero no fue capaz de realizar un proceso de consulta ciudadana serio y organizado, para saber cuáles eran las principales inquietudes y necesidades en educación que tienen las familias chilenas.

La ex Nueva Mayoría prefirió escuchar el diagnóstico de un puñado de dirigentes estudiantiles, que no representan la voluntad de las grandes mayorías que demandan ser escuchadas, lo que, por cierto, la actual ministra de Educación, Marcela Cubillos, ha realizado con especial dedicación, recorriendo Chile en estos días para conversar con la ciudadanía.

Tercero, la reforma no incluyó acciones decididas y enérgicas para mejorar la calidad de la educación pública. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que comenzó en 2012, fue abandonado como prioridad, generando un lamentable estancamiento de escuelas y liceos públicos.

En ese sentido, el proyecto de ley de Admisión Justa va en la dirección correcta, toda vez que permitiría a familias vulnerables acceder a establecimientos de alto desempeño, lo que, combinado con la creación de más liceos Bicentenario, ayudaría a generar mayores condiciones de movilidad social, reconociendo, a su vez, el enorme valor que tiene el mérito y el esfuerzo en la sociedad. Es de esperar que la oposición apele al sentido común, se abra al debate, y vea en este proyecto la oportunidad para conectar con un Chile profundo, que, ajeno a las ideologías, espera mayor empatía y conexión con su realidad, en un tema tan sensible como es la educación.

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