A Dios y al césar

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¡A Dios lo que es de Dios, y al césar lo que es del césar!

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que obliga a sacerdotes, profesionales y otros a denunciar los abusos sexuales contra menores, a pesar del secreto de confesión o profesional. El proyecto buscaría ampliar el espectro de personas obligadas a denunciar delitos cuando se refieran a hechos ilícitos “cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes y/o adultos que, por sus condiciones físicas o mentales, requieren de especial protección. El deber recién indicado recaería, entre otros, sobre quienes son autoridades eclesiásticas, en función de la práctica de alguna creencia.

Al respecto, asiste la legítima duda sobre cuáles son el sentido y alcance reales de esta medida. Queda la impresión de que se trata de una iniciativa más efectista que eficaz; y, tal vez, inspirada por una intención primeramente orientada a combatir crímenes deleznables, pero, en los hechos, contraria a la libertad religiosa (por lo menos a la Católica).

¿Por qué sería ineficaz? En primer lugar, porque nadie puede saber -ni siquiera suponer- qué le fue confesado a un determinado sacerdote, incluso por una persona implicada en el tipo de delitos aludido. Segundo, porque nadie puede ser obligado a decir algo que ha conocido bajo secreto, más todavía si es sacramental, salvo que la sociedad esté dispuesta a utilizar para ello mecanismos propios de las peores prácticas tiránicas. Tercero, porque es razonable suponer que ningún individuo que perpetre o se vincule a faltas de esta índole concurriría voluntariamente a develar sus acciones, si supiese que aquello que diga puede trascender al acto de confesión.

¿Por qué se trataría de una norma contraria a la libertad religiosa? Porque la sociedad debe reconocer a las personas el derecho a practicar la religión que estimen, sin sufrir coacción por tal motivo. Y es esto, precisamente, lo que ocurre cuando se obliga a un sacerdote a revelar aquellos secretos que le han sido confesados. La decisión adoptada por la Cámara busca, en los hechos, alterar la naturaleza de uno de sus siete sacramentos, componente esencial del culto de la Iglesia Católica. Quienes reciben confesiones bajo deber de sigilo sacramental, lo hacen en calidad de la Persona de Cristo. Es Dios quien oye y perdona los pecados, no el sacerdote en su simple condición humana. Este último queda obligado en conciencia a guardar secreto a todo trance (dando a Dios lo que es de Dios, se podría afirmar). Ninguna razón -menos la fuerza- humana debería constituir legítima excepción.

En suma, el texto que ha pasado a trámite al Senado coarta derechamente la libertad religiosa, al tiempo que resulta inútil para su pretendida finalidad. Quita a Dios lo que es Suyo y no da al césar lo que promete. Aún es tiempo de reflexionar.

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