Estimado radioyente:
La angustia de miles de mamás por no tener colegio para sus hijos está causando una verdadera preocupación pública.
No sé si Ud. que nos oye está dentro de esas tres mil madres de familia cuyos hijos no consiguen ser matriculados a esta altura del año.
Andrea Alarcón mamá de una niña de Algarrobo declara: “Es una crisis horrible que estamos viviendo, de que niños no tengan acceso a la educación. … Las escuelas no dieron abasto desde 2020, yo quedé sin matrículas para mis tres hijos, así que tuvimos que rendir exámenes libres”.
Por su parte, Carolina Montalván, vocera de un grupo de apoderados que sufren el problema en Copiapó, afirma estár en similar situación: “En este momento somos más de 130 mamás y se siguen anotando (en un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones) por no tener colegios para sus hijos. .
De la misma ciudad, Marilyn Valenzuela dice que esta semana su hija pudo entrar al 8 básico en el Colegio del Buen Pastor. La mamá angustiada dice que “ahora uno se conforma con lo que haya, porque incluso se dijo (en la discusión de la ley de inclusión) que uno elegía en qué colegio quedar, y esos es mentira, nunca ha sido así”.
La situación de la Sra. Claudia Alcaíno, apoderada de Constitución, no es diferente. Confiesa estar “angustias e indignada”. Incluso hay niños que quedaron sin colegio en kínder, son muchos los que están sin colegio.
Por su parte el Ministerio de Educación, dirigido por el Nicolás Cataldo, profesor de historia y ciencias sociales y, político chileno, miembro del Partido Comunista de Chile intenta bajar el perfil a la aguda situación que afecta a los padres de familia.
Desde el Ministerio de Educación, no han oficializado una cifra de alumnos sin colegio, la que será entregada cuando finalice el proceso de inscripción, hacia el término de marzo.
De acuerdo con la ex Ministra del ramo, Sra. Marcela Cubillos: ”La generación de la “educación gratuita y de calidad” tiene a los niños chilenos sin educación. El resto es música”.
Para ella, “La educación pública se la echaron. Un grupo de jóvenes de élite, instalados en el Congreso y en el gobierno de la expresidenta Bachelet, se dedicaron a experimentar con la educación y se la echaron. Ellos hoy habitan La Moneda y la realidad les ha explotado en sus narices”.
En artículo de opinión publicado el Domingo pasado, la ex Ministra afirma: “Qué fácil les era la vida marchando con consignas por una nueva educación pública, fin al lucro, la selección y el copago. Sin embargo, destruyeron la educación con sus reformas y hoy les toca administrar su fracaso. .. Es decir, bajo este gobierno, se está violando un derecho humano fundamental: el derecho a la educación”.
La ex Ministra agrega que: “El eje de la reforma que impulsaron era el combate a la educación particular subvencionada, que ha sido siempre la preferida por los padres. Los genios que la diseñaron sostenían que destruyéndola las familias estarían obligadas a irse a la educación estatal. Y como dirigir las vidas de otros es su mayor placer, era “win win”, como diría el recordado exministro Jackson.
Otros expertos en la materia, apuntan a la necesidad de crear una política nacional que responda a la “urgencia” de garantizar el derecho a la educación de miles de estudiantes, mientras otros piden derechamente “cambiar la ley” que acabó con la enseñanza subvencionada con apoyo de los apoderados. La famosa ley que el Ministro Eyzaguirre ejemplificó como aquella que “quitaría los patines” para que todos fueran iguales.
El problema parece estar que no sólo quedaron sin patines, sino también sin clases ni colegios.
Consultada la actual subsecretaria del Ministerio de Educación sobre si en definitiva están los cupos para los alumnos que faltan, dijo que “a nivel país nosotros tenemos más oferta que la demanda que hay”, pero que efectivamente “eso tiene que ajustarse; tanto en los cursos donde hay más oferta y más lugares”, junto con reconocer que hay comunas en específico donde faltan cupos, pero que éstos los entregan los sostenedores, no el Mineduc.
Directores de organizaciones de Educación apuntan a que la Ley de Inclusión, promulgada en 2015, durante el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet ha provocado que privados puedan crear nuevos colegios y se frenara la inversión en esta materia, lo que hoy dejaría este escenario de presunta falta de cupos.
AL respecto de esta situación es necesario sacar algunas conclusiones que la crisis está dejando en claro.
Pasemos a comentar algunas de ellas.
La primera y más importante consideración es que la educación es un derecho prioritario de los padres de familia, luego ellos deberían haber sido los primeros en opinar respecto a esta ley que “bajó de los patines” y prohibió la participación de los apoderados para ayudar a mejorar el nivel educacional.
La reforma educacional se inspiró, no en la realidad de las cosas, sino en un presupuesto ideológico. Ese presupuesto era que la educación debe ser igualitaria para ser buena. Luego ella debe estar en manos del Estado y no de los particulares.
De este modo se deshicieron años de experiencia, de colaboración de establecimientos particulares con subsidios públicos. Fue una especie de gran Transantiago en materia educativa.
Con la agravante que si el Transantiago no pasa o pasa lleno, el problema es la incomodidad de los pasajeros.
Es en este caso se está jugando con el futuro de los niños y la tranquilidad de sus padres. Es lo que dan cuenta las declaraciones que hemos señalado al comienzo de este comentario.
El segundo aspecto que se debería haber tenido en cuenta en el momento de legislar, y que muchas organizaciones de colegios y de profesores hicieron notar, es que el Estado no debe intervenir en la esfera que le está reservada a los particulares, sino en aquello que estos no son capaces de solucionar por sí mismos.
Es lo que se conoce como principio de subsidiariedad, en elemento fundamental de la doctrina social de la Iglesia Católica.
Al ignorar este principio, el Estado se entrometió a querer solucionar un problema que no existía y creó un problema que parece no tener solución.
Es lo que ocurre siempre en las naciones en que el Estado ha sido el proveedor de todos los derechos y los ciudadanos se han transformados en menores de edad, sin capacidad de buscar los medios de su propia subsistencia, sino por medio de “bonos” y favoritismos del “papá Estado”.
Al menos esta verdadera tragedia para miles de familias ha servido para abrir los ojos de otras millones de familias. El Estado es un mal administrador. Promete mucho y lo único que consigue es empobrecer a todos, salvo a aquellos que se apoderan de su burocracia.
Pregúntele a cualquiera de los quinientos mil venezolanos que tuvieron que escapar de su otrora rica nación.
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