Iglesia afirma que no hay causales que validen el aborto en República Dominicana

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ACI Prensa                                        2 de setiembre de 2020

Las Comisiones Nacionales de Pastoral de Vida y de Familia de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) reiteraron que el niño por nacer tiene derecho a la vida y que no hay causales que justifiquen despenalizar el aborto en República Dominicana.

Este 27 de agosto, el Obispo de Baní, Mons. Víctor Emilio Masalles Pere, junto a los representantes de las comisiones episcopales visitó al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para reiterar la postura de la Iglesia contra la legalización del aborto. República Dominicana es uno de los seis países en América Latina que mantiene una prohibición total al aborto, junto a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.

El martes 25 de agosto, la Cámara de Diputados comenzó el trámite de un proyecto de ley que despenalizaría el aborto por tres causales, cuando “la vida o la salud de la mujer se encuentra en peligro, cuando el feto es incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo es producto de una violación”. Según la prensa local, los congresistas se encuentran divididos sobre el proyecto, que ha sido enviado a una comisión especial.

Durante la reunión, Mons. Masalles entregó un documento en el que las comisiones episcopales expresaron su rechazo al aborto y reafirmaron el compromiso de la Iglesia en la defensa de la vida humana, la cual debe ser respetada y protegida “de manera absoluta desde el momento de la concepción”.

“Desde el primer instante de su existencia, al ser humano se le deberían reconocer sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente, y hasta del no inocente, a la vida”, indicaron. Las comisiones resaltaron que la Iglesia afirma la “malicia moral de todo aborto provocado” y subraya que los derechos del hombre “no están subordinados ni a individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o el Estado”.

Los derechos “pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado”, agregaron. En el documento, las comisiones detallaron que, a nivel médico, es erróneo hablar de “aborto terapéutico” porque “el aborto no es una terapia ni cura absolutamente ninguna enfermedad”.

Además, resaltaron que la medicina actual garantiza que “prácticamente no hay circunstancia en la cual se deba optar entre la vida de la madre o la del hijo” y que los embarazos ectópicos se pueden manejar de acuerdo “con los protocolos establecidos para tales fines”.

“La ética médica señala que en el caso de complicaciones en el embarazo deben hacerse los esfuerzos proporcionados para salvar a madre e hijo y nunca tener como una salida la muerte premeditada de uno de ellos”, instaron. Las comisiones indicaron que en la medicina siempre se han presentado protecciones para los médicos que en el ejercicio de su profesión y “actuando en un estado de necesidad” produzcan de manera involuntaria la muerte de la madre o la del bebé.

“En el tratamiento de complicaciones médicas u obstétricas en la atención de una mujer embarazada, si ocurriese la muerte del bebé como consecuencia indirecta, involuntaria y no procurada, se aplica el principio moral y bioético del doble efecto, no constituyendo pena jurídica ni moral”, indicaron.

Asimismo, señalaron que en el caso de los embarazos producto de violación, el aborto produce un impacto “de resultados muy negativos y actitudes autodestructivas en la mente”. “El aborto no va a quitar ningún dolor físico o psicológico producido por la violación. Todo lo contrario, le va a agregar las complicaciones físicas y psíquicas que ya de por sí conlleva el aborto”, indicaron.

Las comisiones agregaron que de permitir el aborto por la causal de incompatibilidad con la vida extrauterina se aceptaría el “falso postulado de que solo ‘los sanos’ son quienes deben establecer el criterio de valor de cuándo una vida vale o no”.

Finalmente, indicaron que despenalizar el aborto abriría una brecha jurídica y denunciaron que el intento por permitir este tipo de prácticas en el país “obedece a presiones económicas que vienen del exterior”. “Por lo general se presentan situaciones inverosímiles para intentar persuadir a que se legisle al respecto (del aborto), ya sea en el actual Código Penal o en alguna ley especial”, advirtieron.

“Es necesario mantener la coherencia con nuestras garantías constitucionales y el respeto al Derecho a la Vida, por lo que no podemos retroceder, ni mucho menos contradecir nuestros propios principios”, concluyeron.

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