Vicio y virtud

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La Tercera, Rodolf Luders

 

La presidenta Bachelet anunció las líneas generales de la reforma que propone para el sistema de pensiones del país.  El anuncio se produjo después de que la exorbitante pensión otorgada a una funcionaria de Gendarmería, cuyos empleados aportan a un régimen de reparto, gatillara una andanada de peticiones de aumento de pensiones y -extrañamente- de ácidas críticas en contra del sistema de capitalización existente.

La reacción del gobierno, que disponía del informe de una comisión de distinguidos expertos, fue rápida.  Hizo una propuesta que responde parcialmente a las demandas existentes y que está centrada en 12 medidas que son de general conocimiento.  De ese modo, esbozó un esquema de cuatro pilares: asistencial, de reparto o -como ha sido apodado- de ahorro colectivo solidario, de capitalización, y voluntario.

La propuesta misma todavía es vaga y algunas de sus medidas  -incomprensibles-  solamente se explican como una forma de aplacar demandas.  Más importante es el pedido que hizo la Presidenta para que las reformas que eventualmente se adopten se sustenten en un gran pacto nacional.  Este llamado se puede leer como un cambio en la actitud del gobierno frente a la manera de hacer las reformas económico-sociales y merece el mayor apoyo posible.

El corazón de la reforma probablemente sea el aumento del 50 por ciento en las cotizaciones  -a ser pagado (físicamente) por los empleadores y a realizarse paulatinamente –  para crear, en lo medular, un pilar de reparto.  Esta propuesta debe ser objetada, no por su finalidad, sino por sus efectos.  Representa un impuesto sobre el trabajo e incide definitivamente en menos empleo y menores salarios netos, además de tener todos los problemas asociados a un sistema de reparto.

¿Por qué este cinco por ciento es un impuesto sobre el trabajo y el 10 por ciento que se cotiza actualmente no lo es?  Muy simple.  La actual contribución la deposita el trabajador en su cuenta personal en una AFP y seguirá siendo su plata hasta que él decida utilizarla para financiar su pensión o, posiblemente, dejarle parte de ella como herencia a sus familiares. En cambio, la cotización adicional del cinco por ciento iría directamente a un fondo colectivo, con lo que el trabajador pierde todo vínculo con sus aportes.

Hace poco el país aprobó una reforma al impuesto sobre la renta que -como argumentamos en alguna columna anterior, apoyado en trabajos empíricos sobre el tema- está incidiendo exclusivamente en una baja relativa de los salarios, en vez de generar -como se anunció- menores rentas netas para el capital.  No es eficiente y tampoco justo imponerle ahora otra carga al trabajo, como sucederá si se aprueba la propuesta del aumento del cinco por ciento de contribuciones para financiar un pilar de reparto.  La mayor solidaridad con los que reciben bajas pensiones se puede financiar perfectamente recortando gastos fiscales menos prioritarios en carpeta.  Como dice el refrán, contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar.

http://www.latercera.com/canal/opinion/893.html

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