Venezuela y la democracia

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“Venezuela no es una democracia y sin embargo parece serlo. Esta apariencia se refugia en el hecho de que hay ‘muchas elecciones’. Pero todos sabemos, hasta el necio, que las elecciones no son el único y decisivo factor que define la existencia de una democracia…”

Para quienes nos opusimos al régimen autoritario de Pinochet y fuimos espectadores e incluso protagonistas de la tercera ola de democratización en América Latina, en la década de los ochenta, nos sorprende y produce consternación la sistemática erosión de lo que parecía un potente y robusto movimiento de protección y promoción de la democracia representativa, como la única legitimidad posible y viable de nuestra época. De ese movimiento nació la difusión, en las organizacionales internacionales, de la “cláusula democrática”, que definía como un marco normativo vinculante la práctica de la democracia para sus miembros y establecía penas a su transgresión.

Entre esa instancia histórica y el presente han proliferado en América Latina instituciones regionales y regímenes políticos populistas que han logrado abrir las puertas a una inédita tolerancia, que no se aplica a las dictaduras militares, pero que legitima y disfraza proyectos y designios totalitarios. El argumento central de esta nueva postura se funda en el primado de la unidad de la región y de una pretendida identidad común que supera las diferencias y permite una convivencia pacífica y respetuosa entre concepciones distintas de la política, la sociedad y la economía. Una tesis que debería ser sometida un profundo análisis crítico.

En este nuevo contexto de anulación de la “cláusula democrática”, gobiernos latinoamericanos populistas disimulan sus designios, aparentan y simulan instituciones democráticas que no lo son, cuentan con la aquiescencia, cobertura y protección de organizaciones como Unasur y gobiernos democráticos vergonzantes y débiles.

Venezuela no es una democracia y sin embargo parece serlo. Esta apariencia se refugia en el hecho de que hay “muchas elecciones”. Pero todos sabemos, hasta el necio, que las elecciones no son el único y decisivo factor que define la existencia de una democracia. Nos bastan algunas evidencias para demostrar la naturaleza del régimen chavista: los derechos y libertades de los venezolanos no están garantizados por un Estado de Derecho en forma. No hay división de poderes, y así el poder presidencial es supremo y soberano e impone su voluntad al Legislativo y a la Judicatura. El Parlamento, acompasado al gobierno, despojó de su mandato de representación ciudadana a una diputada. Se detiene y envía a prisión arbitrariamente a dirigentes opositores, los cuales no disponen del “debido proceso”. El régimen divide a los ciudadanos en concordancia con la categoría “amigo-enemigo” y el Presidente de la República en persona denigra y envilece con epítetos agraviantes a los sedicentes enemigos, incitando a la vindicta pública. Para realizar estos actos de lenguaje violento usa una masiva red de medios de comunicación, expoliados a sus propietarios o compelidos a unirse forzadamente a cadenas de difusión gubernamental.

También demuestra la naturaleza no democrática del gobierno bolivariano la militancia política de las Fuerzas Armadas. La Constitución de Venezuela establece expresa y correctamente que “la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política” (artículo 328), pero los gobiernos de Chávez y Maduro, violando la norma constitucional, han logrado plegar la fuerza del Estado a la “revolución socialista del siglo XXI”. Hoy día su politización es patente y se manifiesta en una alianza chavista-militar que agresivamente dinamiza la dialéctica amigo-enemigo que se ha instalado en Venezuela, y que potencia el dispositivo disciplinario con el cual el régimen ejerce su poder de dominación autoritaria sobre los venezolanos.

Muchos venezolanos le enrostran a nuestro gobierno la benevolencia, mansedumbre y secretismo de su política frente a las violaciones de los derechos humanos del régimen chavista. En este sentido, creo que el acuerdo de la Cámara de Diputados que “pide” a la Presidenta Bachelet que “condene la actual situación de transgresión de los derechos fundamentales” de los políticos opositores Leopoldo López y Corina Machado es un paso muy positivo para enmendar rumbos, aunque insuficiente, porque el problema es mucho más profundo y grave.

Pero, a mi juicio, hay una cuestión de fondo que en estos tiempos de cambios y reformas hay que enfrentar: es necesario modificar profundamente el estatus presidencial en relación con la política exterior. No es aceptable, en una democracia contemporánea, que su Constitución le otorgue al Presidente de la República facultades extraordinarias, y sin control legislativo, en la esfera de las relaciones internacionales. El ejercicio de estas facultades está amparado en el secreto de Estado, que no está regulado, por lo cual en la práctica se impide la transparencia en este ámbito. Chile no tiene una política “pública”, o sea, aprobada por el Parlamento, en el dominio de las relaciones internacionales, ni regulaciones potentes a las cuales los ejecutores de esa política debieran ceñirse, ni una ley que legitime, defina y acote el secreto de Estado. La Presidenta Bachelet puede guardar silencio ante la petición de los diputados, porque en materias de esta naturaleza sus actos, palabras y silencios son soberanos y exentos del imperio de una ley.

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