Simplificación y cumplimiento

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CHILE

Domingo 23 de octubre de 2016, El Mercurio

Pablo Rodríguez Grez

 

Entre las bases esenciales que hacen posible la construcción de un verdadero Estado de Derecho, se encuentra lo que se ha llamado “cumplimiento espontáneo” de las normas jurídicas. No cabe duda que los órganos encargados de sancionar a los infractores de la ley solo están capacitados para hacerse cargo de incumplimientos excepcionales, nunca masivos ni generalizados. Por consiguiente, el sistema normativo debe respetar la realidad social y, sobre todo, los valores que predominan en la conciencia ciudadana.

Como resulta fácil comprender, esta exigencia se enlaza con la vida familiar (cuna de la formación moral e intelectual de todo individuo), la educación y la cultura. De lo señalado se infiere que la ley no soluciona por sí misma todos los problemas, como suele creerse, y que ella opera con éxito en un marco limitado por las preferencias de la comunidad. Desde otro punto de vista, la ley se presume conocida desde su entrada en vigencia (generalmente, desde su publicación en el Diario Oficial), sin que pueda alegarse su desconocimiento, lo cual se admite en casos excepcionalísimos (error de prohibición) y siempre que ello esté expresamente permitido.

Ahora bien, sobre los supuestos teóricos que anteceden, muchas de nuestras leyes son de tal complejidad que ni siquiera los más destacados especialistas son capaces de comprenderlas e interpretarlas correctamente. Tal ocurre, por ejemplo, con las últimas disposiciones tributarias, objeto de reformas, contrarreformas, reglamentaciones e instructivos que hacen más difíciles desentrañar su auténtico contenido. Cabe preguntarse, entonces, respecto de esta normativa, si es posible presumir su conocimiento y exigir su cumplimiento espontáneo. ¿Es dable imponer a un lego en materias jurídicas el deber de acatar aquello que desconoce y que constituye una ficción?

Casi sin advertirlo, se ha ido generando un abismo entre el contenido de las leyes y los hábitos, costumbres y usos propios de la vida social. Nos jactamos de vivir en un Estado de Derecho, pero lo prescrito en la ley corre por un riel paralelo a la realidad, sin que haya convergencia entre ambos factores. Lo anterior implica un divorcio entre derecho y sociedad, entre normativa y comportamiento colectivo, todo lo cual anticipa la profundización de los conflictos, precipitando al país a una probable crisis de la legalidad.

La complejidad del sistema ha llegado a extremos perniciosos. Una sucesión de leyes especiales, que se dictan frecuentemente con ocasión de un escándalo público o un hecho de especial repercusión (incluso bautizándolas con el nombre de sus protagonistas), ha provocado el decaimiento de la competencia de los tribunales ordinarios de justicia, abriendo paso a la creación de tribunales especiales (Defensa de la Libre Competencia, Ambientales, Tributarios, de Transparencia, etcétera), que se rigen por sus propios estatutos. ¿Se puede en este contexto presumir el conocimiento de los preceptos legales (sin derecho a alegar ignorancia de la ley) y, en virtud de ello, sancionar su cumplimiento?

Es cierto que el llamado derecho común, que se expresa en los códigos tradicionales -los cuales han moldeado muchas actividades de nuestra sociedad-, ha sido un antídoto para los males que describimos. A pesar de ello, falta una jurisprudencia más rigurosa, que esclarezca el sentido y alcance de las normas (interpretación). No ayuda al prestigio del derecho el que, atendida la composición de una sala de la Corte Suprema, cambien los criterios con que se juzga, por ejemplo, un cierto tipo de relaciones jurídicas. Lo que ayer era lícito, hoy es ilícito. La estabilidad de las instituciones es la llave maestra para proyectar la seguridad que requieren los integrantes de la comunidad, y ella se afecta cuando la norma no se cumple o se esquiva su aplicación o se sustituye el mandato normativo por el sentido de equidad de los jueces.

Hace varios años (1967) se discutió con calor sobre la “crisis del sistema legal chileno”. En ese momento, apenas se evidenciaban algunas vagas manifestaciones de lo que denunciamos en estas líneas. En Chile es necesaria y urgente una reordenación jurídica de las instituciones fundamentales del Estado y una simplificación del mandato legislativo. Lamentablemente, dominados por cuestiones políticas circunstanciales, no reparamos en la importancia de este factor, sin cuya superación todo otro esfuerzo será vano. La tarea pendiente es ardua y gravita con la misma fuerza sobre colegisladores y jueces.

Pablo Rodríguez Grez 

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