Responsabilidad en falsos exonerados

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Un inmenso fraude nacional

 

Con un sobreseimiento temporal concluyó la investigación que siguió durante tres años la ministra Mireya López contra 54 parlamentarios que, entre 1996 y 2007, extendieron centenares de certificados de exoneración por causas políticas, sin verificar que los beneficiarios cumplieran las condiciones para su recepción. Según la interpretación que hicieron en su momento los gobiernos de la Concertación, la Ley 19.234 admitía estos certificados como única prueba para obtener una pensión estatal. Con ello se creó un ámbito de la más completa discrecionalidad que, en el mejor de los casos, fomentó un actuar irresponsable y, en el peor, un clientelismo financiado mediante la comisión de delitos de defraudación contra el Estado.

El sobreseimiento temporal dictado por la ministra López no resuelve esta disyuntiva ni ayuda a clarificarla. Por el contrario, en la misma resolución se consignan elementos que exigían una investigación mayor. Así por ejemplo, la senadora Isabel Allende, quien otorgó casi 600 certificaciones, declara que encomendó esa labor a una persona determinada -su jefe de gabinete en Puente Alto-, que habría utilizado un “cuño” de su propiedad, de modo que ella ni siquiera habría tenido noticia de la emisión de los certificados ni conocimiento de los beneficiarios. Otro parlamentario, Sergio Ojeda -quien otorgó más de 300 certificados-, habría validado las solicitudes a favor de miembros de diversas cooperativas, con quienes estuvo ligado en el ejercicio de su profesión de abogado. Por otra parte, la resolución de la jueza es lapidaria, pues a su juicio no se habría podido acreditar la comisión de delito alguno; es decir, no se trataría solo de un asunto relativo a la identidad de los autores o cómplices, sino que los hechos mismos no serían constitutivos de delito conforme a los antecedentes reunidos en la investigación.

Si ya el diseño legislativo para el otorgamiento de los beneficios fue irresponsable, más aún lo fue la conducta de algunos de los parlamentarios ahora sobreseídos. En la hipótesis de indolencia, que benévolamente es preciso asumir a falta de una investigación más completa, 22 de ellos otorgaron sin adoptar los más mínimos resguardos 10 o más certificaciones que habilitaron para pensionarse de por vida a personas que no reunían los requisitos legales. Nadie se preocupó de verificarlos. Como relata la resolución, los parlamentarios y sus colaboradores “no solo no recuerdan a las personas a quienes extendieron los documentos, sino que tampoco pueden dar razón de la actividad que estos desarrollaban o al menos algún antecedente del respectivo empleador, en orden a cómo se produjeron los despidos o si hubo intervención militar al referido empleador”.

Los certificados se otorgaban, pues, a discreción, sin preocuparse siquiera de llevar un elemental registro escrito de las personas beneficiarias y los fundamentos invocados. De este modo, los parlamentarios causaron con su negligencia un perjuicio al Estado. Este perjuicio tiene una dimensión institucional, pues implica la infracción de los deberes de diligencia del funcionario, pero también una dimensión económica, que obliga al Estado de Chile a pagar de por vida algunas pensiones que pueden carecer por completo de fundamento. Sin perjuicio de la complejidad del tema, cabe indagar con la mayor prolijidad los caminos para dejar sin efecto los beneficios económicos indebidamente otorgados y recuperar el monto de los perjuicios fiscales. No hacerlo sería una manifestación más de la misma negligencia en el manejo de los recursos públicos.

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