Reforma al Código de Aguas

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Un lúcido pronunciamiento del líder gremial, mientras en el ámbito político se turnan los promotores de la retroescavadoora, algunos osados, otros calculadores, otros equilibristas, otros propensos al derrotismo.

CHILE

Patricio Crespo Ureta

17 de noviembre de 2016   El Mercurio

Una profusa y dilatada campaña de desinformación pública no ha trepidado en utilizar los trastornos climáticos de estos últimos años y sus lamentables secuelas para la ciudadanía”.

La Cámara de Diputados se apresta a votar el proyecto de Reforma al Código de Aguas, y en el Senado se debate una propuesta de modificación de la Constitución que pretende allanar el camino a la expropiación sin indemnización de los derechos de aprovechamiento de aguas vigentes. En estas circunstancias, en representación de miles de agricultores del país, nos resulta imperioso hacer un llamado a las autoridades superiores del Estado y a los representantes de la ciudadanía a honrar con celo el juramento o promesa solemne de respetar y hacer respetar la Constitución, comprometida al asumir sus cargos.

La esclarecedora columna que publicó el director de la Dirección General de Aguas (DGA) nos permite reafirmar que estos proyectos atentan en contra de todos los derechos de aprovechamiento de aguas vigentes, derechos adquiridos protegidos por la Constitución Política, en la medida que pretenden despojar a sus actuales propietarios, sin mediar indemnización, de los atributos básicos del dominio, como son la perpetuidad y su libre uso, goce y disposición. Así, se confirma mi denuncia previa de que los dueños de estos derechos estamos siendo víctimas de un intento de expropiación encubierta, al privarnos de la esencia de estos derechos sin mediar indemnización, a la cual se han prestado ministros de Estado, algunos parlamentarios y directores de servicios.

A ello debemos sumar una profusa y dilatada campaña de desinformación pública, que no ha trepidado en utilizar los trastornos climáticos de estos últimos años y sus lamentables secuelas para la ciudadanía, para justificar, social y políticamente, las modificaciones al régimen jurídico de las aguas.

Se aduce que debemos asegurar el agua para la bebida de la población y el saneamiento, en circunstancias que ello demanda tan solo el 5% del total del agua aprovechada y el 1% del recurso disponible. Así, se exagera el riesgo y, de paso, encubren las crónicas falencias de infraestructura general y la responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas en el mal diseño de los pozos para el agua potable rural, al no prever la contingencia de la sequía. El Código entrega más que suficientes herramientas al Estado para atender estas contingencias, sin necesidad de atentar masivamente contra los derechos ciudadanos, pudiendo incluso, focalizadamente, expropiar derechos, con las debidas compensaciones para asegurar la operación de los servicios de agua potable rural afectados.

En materia ambiental se propone establecer caudales ecológicos mínimos y diferenciados de al menos un 20% del caudal medio de la fuente de origen, con cargo a derechos vigentes, sin medir sus consecuencias para el sostén de las actuales explotaciones, se discrimina ilegalmente entre actores, y se desentiende de que el problema hay que resolverlo con nueva infraestructura de regulación que permita aprovechar los cuantiosos recursos disponibles (80%) que, por falta de visión de largo plazo, se dejan correr al mar, sin uso productivo.

También se aduce acaparamiento improductivo de derechos con afanes especulativos, ocultando que el cobro progresivo de patente por no uso ha permitido la devolución de una cuantiosa cantidad de estos y se prevé siga incrementándose tal como Endesa, su principal tenedor, lo ha materializado recientemente. En relación con la dificultad para cobrar la patente en aquellos derechos que no se encuentran inscritos, baste con señalar que el Estado conoce a sus titulares y los puede apremiar.

También se apunta a los tribunales por sobreotorgar derechos en procedimientos judiciales de regularización y perfeccionamiento establecidos en el Código de Aguas. Al respecto, en juicios contenciosos, los tribunales deben recurrir a la DGA para validar los antecedentes aportados por los recurrentes. Frente al silencio de la DGA, por falta de medios y de la información requerida, los jueces resuelven con los antecedentes que tienen a la vista, situación que inescrupulosos han aprovechado para obtener derechos que no les corresponden. De esto tampoco toca responsabilizar al Código de Aguas.

También se lo culpa por el sobreotorgamiento de derechos en el norte, y se oculta sin investigar la grave denuncia de Ciper Chile que develó actos corruptos de funcionarios públicos que obtuvieron derechos para luego venderlos a las mineras con ganancias millonarias. ¿Dónde estaban la Contraloría y la Cámara de Diputados en su calidad de órganos fiscalizadores de los actos de Gobierno?

Por último, se intenta justificar estos cambios, aduciendo que más del 80% de los derechos reconocidos y otorgados conforme a la ley están a nombre de anteriores dueños, todos en manos hoy de pequeños propietarios y parceleros de la Reforma Agraria. Estos derechos pueden regularizarse con normas transitorias vigentes, pero para ello no se han generado incentivos, como apoyo económico a través del bono legal del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), condicionando los créditos a su compromiso de concreción.

Podríamos seguir relatando justificaciones para abonar a estos propósitos ideológicos que encubren la inoperancia de lo público, como se aprecia en la propia DGA, que, al decir de ex directores, solo puede cubrir un tercio de sus funciones, tal como ocurre en otras reparticiones públicas, develando la urgente necesidad de modernizar el Estado, que se ha constituido en un pesado lastre para la paz social y el desarrollo del país.

Estamos disponibles para apoyar la adecuación del Código de Aguas a las exigencias de la hora presente, estando ciertos de que ello es posible de lograr sin tener que menoscabar nuestros derechos, evitando se comprometa gravemente el futuro de nuestra actividad y del país. Todos quienes tenemos cargos de representación, debemos redoblar nuestros esfuerzos para restablecer las confianzas ciudadanas, renovando nuestro compromiso con la transparencia y el bien común, aun a costa de sacrificar legítimas aspiraciones de minoritarios grupos de interés.

Patricio Crespo Ureta, Presidente Soc. Nacional de Agricultura (SNA)  

http://www.elmercurio.com/blogs/2016/11/17/46661/Reforma-al-Codigo-de-Aguas.aspx

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