Otro giro estatista

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EDUCACIÓN

Otro giro estatista

La Tercera, Carlos Williamson

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Las minutas sobre “Reforma a la Educación Superior” que ha hecho circular el Mineduc modifican aspectos básicos de la institucionalidad y de las políticas públicas hacia el sector. Desde luego, como ha sido un sello de este gobierno, se busca alterar la positiva cohabitación entre lo público y lo privado y aunque se declara “reconocer un sistema de provisión mixta”, en los hechos prima lo estatal. En efecto, hay evidentes raíces ideológicas al sostener la errónea premisa de que lo estatal es sinónimo de lo público y, en consecuencia, que “el fomento del Estado en la educación superior se cumple a través de las instituciones estatales”.

 

Por un lado, se crea una Subsecretaría de Educación que desborda sus atribuciones con  políticas que pueden amenazar la diversidad, un valor indiscutido de nuestro sistema. Por citar un ejemplo, le correspondería “proponer el marco nacional de cualificaciones al Ministro”, lo que se entiende como establecer un marco uniforme de contenidos para los programas de pregrado. ¿Y quién define lo que debe enseñarse?  Una norma de esta naturaleza, ¿no invade la autonomía que se dice defender?

 

Por otro lado, se crea una Superintendencia que fiscalizará el cumplimiento de la ley que da origen al reconocimiento oficial y autonomía en cada institución, la provisión de información fiable y oportuna, cautelando que las instituciones cuenten con los recursos financieros que hagan sustentable el proyecto educativo en el largo plazo.

 

Ello está bien; es lo usual en una superintendencia. Sin embargo, vulnera severamente la autonomía el que se arrogue también el derecho a “fiscalizar el buen uso de los recursos” o a resguardar “ la destinación de estos a los fines que le son propios”. ¿Funcionarios de gobierno calificando el “buen uso de recursos y su destino”? ¿Con qué competencias?

 

Finalmente, para prohibir el lucro se va al extremo de exigir que en la persona jurídica sin fines de lucro que actúa como sostenedor del proyecto, sólo estén representadas como miembros personas naturales y, además, se declara que no pueden participar en el gobierno corporativo. Lo absurdo de esta norma es que afecta seriamente el modo en que se organizan prestigiosas corporaciones de derecho público, que nadie calificaría con fines de lucro; desde luego, todas las universidades católicas.

 

También, se regulan las operaciones con personas relacionadas, pero la prohibición es tan extensa que abarca incluso los llamados “spin off”. Esto es, empresas de innovación en universidades “emprendedoras” en que participan profesores, y donde no hay extracción de rentas ilegítimas sino que reinversión de excedentes y pagos a académicos que, en virtud de su investigación,  desarrollan nuevo conocimiento, útil y aplicable.

 

El profundo rediseño del sistema que se desprende del texto del Mineduc y sus evidentes inconsistencia y fallas conceptuales sugieren una larga y compleja tramitación en el Congreso una vez que salga a la luz el anunciado proyecto de ley.

http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2016/04/895-678100-9-otro-giro-estatista.shtml

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