Inquietud por cambios en derechos de agua

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Editorial de La Tercera

22 de octubre de 2016.

Las modificaciones que se estudian a la Constitución y a la ley relativizan estos derechos, creando un inconveniente clima de incerteza jurídica.

El proyecto de ley que reforma el Código de Aguas sigue causando inquietud en diversos sectores productivos, porque no solo debilita el régimen de derechos de agua que regirá a futuro, sino también los derechos que ya han sido entregados. Dicho proyecto fue aprobado hace dos semanas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y transita sin mayores obstáculos en su primer trámite constitucional.

El gobierno ha sido enfático en señalar que esta reforma -la cual busca introducir la figura de la concesión temporal para el otorgamiento de derechos de agua- no se traduce en ninguna expropiación de los derechos de aguas, y que solo aplicaría para las concesiones futuras, porque el proyecto establece en su primer artículo transitorio que “los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley”. Sin embargo, también señala que “siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico para subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de aprovechamiento”, y en otro inciso establece que “los derechos de aprovechamiento se extinguirán si su titular no hace un uso efectivo del recurso”.

El presidente de la SNA ha señalado que el proyecto encubre una expropiación, que de aprobarse implicará una cuantiosa carga para el Estado por concepto de indemnizaciones a agricultores y gestión del recurso. Además, ha denunciado que al establecer la caducidad a 30 años, se producirán efectos negativos en el valor de las propiedades e incerteza jurídica para invertir. Otros dirigentes gremiales han calificado esta reforma como una estatización de los derechos de agua. En contraste, los defensores de la iniciativa reclaman por el mecanismo que dio origen al otorgamiento de estos derechos y la necesidad de regularlos para asegurar que el Estado vele por el consumo humano y el abastecimiento primario.

Más allá de los cuestionamientos a la asignación de los derechos actuales, no cabe desconocer que estos se hicieron en estricto apego a la ley vigente; además, la actual normativa ya le permite al Estado asegurar el consumo humano en situaciones críticas, por lo que el justificar bajo este argumento el eventual debilitamiento de los actuales derechos de agua resulta, a lo menos, discutible. Por otro lado, bajo el actual ordenamiento ya existen incentivos para que las empresas que no hacen uso de estos derechos los devuelvan al Estado. Este es el caso de Endesa, que hace más de un mes anunció la devolución de los derechos de agua de cinco proyectos hidroeléctricos y, en palabras del exministro de Energía, podrían sumarse otras empresas del sector.

No basta con despejar en el discurso la idea de que esta iniciativa legal no resulta en una expropiación indebida, mientras el proyecto contiene evidentes sesgos expropiatorios. Tampoco resultan atendibles los llamados a no ideologizar la discusión, cuando las motivaciones de fondo que dieron origen a la iniciativa descansan en la idea de que el Estado es el que tiene que velar por la correcta asignación de los recursos. La mejor garantía para devolver la esquiva confianza de los inversionistas es al menos certificar que el derecho de propiedad en nuestra economía se mantiene intocable no solo en el discurso, sino también en la ley, y que si cabe alguna alteración en virtud de algún interés público, quienes poseen legítimos derechos serán apropiadamente indemnizados.

http://www.latercera.com/noticia/inquietud-cambios-derechos-agua/

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