Ecuador, hacia un nuevo caso latinoamericano de choque institucional

0 264

Infolatam Madrid, 23 de febrero de 2017

Ecuador se aboca a un choque de trenes institucional, sobre todo en caso de ganar la oposición el próximo 2 de abril. Esto se debe a que la victoria anticorreista (de Guillermo Lasso) daría la presidencia a los enemigos del proyecto de Rafael Correa que deberían enfrentarse con un legislativo donde seguirá siendo de Alianza País.

No es la primera vez que se da semejante situación en Ecuador. De hecho, fue una constante entre 1978 y 2007 que el presidente de la República fuera de un color político y el Congreso, a menudo dividido y fraccionada, lo fuera de otro. Tal situación posibilitó, por ejemplo, que Abdalá Bucaram fuera destituido en 1997 por el poder legislativo aduciendo incapacidad mental.

Esa situación acabó en 2007 cuando la hegemonía de Rafael Correa se trasladó también al ámbito legislativo y fue capaz de que una Asamblea Constituyente disolviera ese mismo año una cámara en la que no contaba con un solo diputado favorable.

Como apuntan los académicos Santiago Basabe-Serrano, Simón Pachano y Andrés Mejía, “uno de los problemas recurrentes de la democracia ecuatoriana ha sido la conflictiva relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por ello, durante tres décadas los presidentes han recurrido a un amplio repertorio de incentivos, amenazas, prerrogativas y negociaciones, formales e informales, para extraer apoyo de una intensa y fragmentada oposición representada en el Congreso”.

“No obstante, la denominada pugna de poderes siempre estuvo presente, retrasando la aprobación de políticas de ajuste, generando incertidumbre e inestabilidad en otras áreas de interés nacional y expandiendo sus niveles de conflictividad a espacios en principio ajenos a la discusión política, como las cortes de justicia”, concluyen los académicos.

Ecuador, un gobierno dividido

Aún no se sabe cómo va quedar conformada la Asamblea Nacional, aunque todo indica que Alianza País rondaría o superaría la mayoría absoluta (70 asambleístas) muy lejos, eso sí, de los 100 obtenidos en 2013. De todas formas, con esa fuerza en la Asamblea, el correismo podría bloquear muchas de las iniciativas de un gobierno de Guillermo Lasso.

El líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso

Eso explica la reacción de euforia del presidente Correa tras conocer lo cerca que su fuerza se encuentra de la mitad más uno de la Asamblea. “Hemos obtenido mayoría absoluta en la Asamblea. Cerca de 75 asambleístas”, escribió Correa en su cuenta de Twitter sobre los resultados de la elección en el Legislativo, que procesa el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lenín Moreno, eventual continuador de Rafael Correa

La oposición estará en torno a los 60 escaños de 137 lo cual significa que el correismo ya no poseerá como hasta ahora los dos tercios de la Asamblea lo que le obligará a buscar acuerdos y alianzas.

Un presidente anticorreista, Guillermo Lasso, se tendrá que ver las caras con una mayoría absoluta, o no, correista y, por su lado, un correistaLenín Moreno, tendrá enfrente a una Asamblea mucho más dividida y sin los dos tercios tendrás menor margen de acción.

Como recuerda el diario El Comercio de Quito “Alianza País obtendría 74 curules en el próximo período. Esto le otorgará una mayoría absoluta, que le valdrá para aprobar, reformar o derogar leyes orgánicas u ordinarias. Pero no alcanzará una mayoría calificada, es decir, dos tercios de los votos (92). Esto se requiere, por ejemplo, para aprobar enmiendas constitucionales. En ese y otros casos, deberá negociar con la oposición, que tendrá 63 escaños”.

Y todo ello en medio de una ambiente de polarización y crispación en un país que puede seguir los derroteros de otras naciones latinoamericanas con gobiernos y parlamentos de diferente color político. Incluso ya se ha empezado a especular con la posibilidad de que se produzca el fenómeno de la muerte cruzada. Es decir que el futuro presidente pueda ser destituido por la Asamblea.

El artículo 129 de la Constitución sostiene que la Asamblea Nacional puede hacer un juicio político al Presidente por delitos contra la seguridad del Estado, o de concusión o conmoción, peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito, o delitos como genocidio, tortura o desaparición forzada. Para la destitución, se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.

El presidente Rafael Correa ha advertido que ese mecanismo se aplicaría en caso de que la oposición “empieza a perseguirnos” o a “destrozar todo lo logrado”. “La mejor forma de tenerme lejos un tiempo es que se porten bien. Si se portan mal nos vemos en un año y los volvemos a derrotar”, sostuvo.

Una tendencia latinoamericana

América latina se está poblando de países con “gobiernos divididos” en los que el presidente no tiene mayoría ni respaldo suficiente en el legislativo. Eso causa importantes problemas de gobernabilidad si no se logran acuerdos políticos para impulsar políticas de Estado.

En la región han aumentado los casos de “gobiernos divididos”: se trata de un fenómeno que, como señala el catedrático de ciencia política de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara ocurre “sólo en el presidencialismos (donde) se pueden dar los gobiernos sin mayoría parlamentaria, también llamados gobiernos divididos, circunstancia en la que el partido o coalición del Jefe del Gobierno no es la misma que el bloque o coalición mayoritaria del Legislativo”.

En Latinoamérica existe una situación así, de gobiernos divididos, con mayor o menos intensidad en Argentina, en el Brasil de la ya expresidenta Dilma Rousseff, Perú, Venezuela Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá y México.

Cuando se da un caso de “gobierno dividido” en ocasiones puede degenerar en un claro choque de legitimidades entre un presidente electo por sufragio universal directo y una legislativo opositor al Jefe del Estado que también cuenta con una legitimidad surgida de las urnas.

Así, el modelo presidencialista latinoamericano, hiper-presidencialista en muchas ocasiones, entra en colisión con unos parlamentos heterogéneos y donde el mandatario no cuanta con apoyos suficientes

Los ejemplos de esa tensión legislativo-ejecutivo abundan en esta coyuntura: Jimmy Morales, en Guatemala, llegó con un fuerte legitimidad política (ganó a Sandra Torres en segunda vuelta con un 67% de los votos) pero con una bancada no solo inexperta sino muy minoritaria (11 diputados de 158).

El riesgo que corre el presidente guatemalteco es que le ocurra como a Luis Guillermo Solís en Costa Rica. Fue electo en 2014 con el 77% de los votos pero su partido, el PAC, solo tenía 13 de 57 escaños. El resultado han sido más de dos años de parálisis institucional y legislativa y la imposibilidad de acometer el gran problema del país: un déficit fiscal que ronda el 6% del PIB.

Otro presidente recién electo, Mauricio Macri ha experimentado en carne propia lo difícil que es gobernar sin mayoría en ambas cámaras. Las grandes dificultades que está encontrando el ejecutivo para aprobar la reforma del impuesto a las Ganancias muestra esa situación de tensión.

La pérdida de respaldo en el legislativo puede tener consecuencias muy graves para la gobernabilidad y la institucionalidad. Prueba de ello es Brasil donde el “presidencialismo de coalición” que dio estabilidad a los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y a Lula da Silva saltó por los aires en la segunda presidencia de Dilma Rousseff.

La crisis en la relación entre la presidenta Rousseff y el PMDB, eje de la coalición oficialista, desencadenó un choque de poderes y una parte de la oposición y de ex aliados del PT y de Rousseff impulsaron un juicio político contra la ex presidenta.

Ese choque de trenes institucional ya es un hecho en Venezuela tras las elecciones legislativas del 6D de 2015: el anti-chavismo desde entonces mayoritario en la Asamblea Nacional ha chocado reiteradas veces con el chavismo que controla la presidencia (Nicolás Maduro), el poder judicial (Tribunal Supremo de Justicia) y el poder comunal.

Hasta ahora el último ejemplo es el de Perú desde 2016 que empezó a experimentar lo que era un “gobierno dividido” entre un presidente, Pedro Pablo Kuzczynski, que derrotó por estrecho margen en la segunda vuelta de las presidenciales a Keiko Fujimori, y un legislativo donde Fuerza Popular (el fujimorismo) con 72 escaños tiene la mayoría absoluta de una cámara con 120 diputados.

Los primeros pasos de la administración Kuczynski estuvieron acompañados por el respaldo de la oposición su gestión. El fujimorismo votó y dio su confianza al gabinete encabezado por Fernando Zavala y luego respaldó la concesión de poderes extraordinarios al gobierno.

Sin embargo, a finales de este año 2016, la relación entre el gobierno y el fujimorismo se agrió cuando el partido de Keiko Fujimori desencadenó una ofensiva contra el ahora ya exministro de Educación, Jaime Saavedra.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ayúdenos a llegar a miles de personas como usted.