¿Crisis o vacío legal?

0 415

“El Mercurio”, Sábado 18 de abril de 2015

A partir de la denuncia sobre el financiamiento irregular de varias colectividades políticas, se ha desencadenado una crisis cuyas consecuencias son imprevisibles. Es un hecho indiscutible que las organizaciones partidistas y los procesos electorales requieren de cuantiosos recursos para subsistir y tener éxito. Agréguese a lo anterior el hecho de que el subsidio que proporciona el Estado es insuficiente, razón por la cual todos ellos deben recurrir a aportes privados muy superiores a los permitidos en la ley. Igualmente negativo es destinar medios económicos fiscales, dando preferencia a los partidos establecidos y con representación parlamentaria. En cierta medida ello acusa la intención de congelar el espectro político y generar una barrera insuperable que obstruya la aparición de nuevas corrientes en el futuro. Así las cosas, la solución al problema del financiamiento de la política no pasa por recargar el erario nacional. Ella debe provenir del sector privado y constituir una manifestación de adhesión a planteamientos y proposiciones programáticas.

 

Nuestra legislación, como sucede frecuentemente, se desentendió de lo que se vive en la sociedad civil e ignoró una premisa fundamental: los vacíos legales -adicionando a éstos las leyes desvinculadas de la realidad- se llenan irremediablemente pasando por encima de prohibiciones e instructivos. La legislación que se elabora en un “limbo ideal” no tiene aplicación. Si lo duda, recuerde cómo se sustituyó entre nosotros el divorcio vincular durante muchos años o qué ocurrió con la normativa que sancionaba como delito la compraventa de moneda extranjera. Lo mismo ocurre en este caso. Las empresas y las personas han utilizado medios para cooperar económicamente con los partidos políticos y las candidaturas, eludiendo la tributación y los límites impuestos en la ley, en el entendido de que no era este un medio para defraudar ni enriquecerse con recursos ajenos.
¿Qué mueve a una persona a apoyar económicamente a los actores políticos? Por cierto, la respuesta tiene muchos matices (son casi infinitas las razones que explican el fenómeno). Muy probablemente, la mayoría estimará que prima el afán de ganar influencia y apoyo de las futuras autoridades. Muy distinta sería la situación si los aportes económicos que hacen los particulares a la actividad política estuvieran bien regulados, en el supuesto de que ellos se permitieran sin grandes restricciones, pero se conociera su origen, legitimidad y cuantía, y mediara un sistema de control efectivo sobre el cumplimiento de la normativa legal.
En consecuencia, lo que sucede no es más que el efecto inevitable de la falta de una legislación realista, adecuada y justa que ordene esta delicada materia y que impida incentivar el engaño y la simulación. No quiero decir que todo lo ocurrido hasta hoy deba justificarse, pero tampoco es razonable execrar y lapidar a los transgresores como si se tratara de los peores delincuentes, incluso antes de una eventual condena. Una vez más se explota la veta “moralista” de quienes persiguen beneficios políticos indebidos. Para algunos dirigentes parece haber llegado la hora de cobrar dividendos a costa de la honra y prestigio de sus adversarios.
Quienquiera que lea las disposiciones de la Ley N° 19.884 “Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral” llegará a la conclusión de que se trata de un texto elaborado para un escenario ideal, pletórico de ingenuidades, cuyo cumplimiento resulta imposible controlar, y que apunta a evitar el influjo de grupos y sectores económicamente poderosos. Una vez más quedan de manifiesto las debilidades de la potestad legislativa y la distancia que separa un sillón parlamentario de una vereda urbana.
A todos aquellos que advierten la necesidad de corregir la legislación vigente y sustituirla por un estatuto moderno que pueda ser supervisado por una autoridad independiente, se les atribuye el propósito de exculpar a quienes se hallan actualmente formalizados. Se confunden, de este modo, dos cuestiones distintas: lo contingente con lo permanente. Sin embargo, me adelanto a señalar que lo que se pretende castigar fue una conducta generalizada o, al menos, desplegada por numerosas empresas y personas. En este contexto, no parece justo dejar caer todo el peso de la ley a un pequeño grupo víctima de delaciones y venganzas. Admito que salir al encuentro de este problema requiere de grandeza y entereza moral y, lamentablemente, no es esto lo que más abunda entre nosotros.

Ayúdenos a llegar a miles de personas como usted.