Cómo lograr una paz duradera en Colombia (sic)

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POR HUMBERTO DE LA CALLE, jefe del equipo negociador colombiano

“The Wall Street Journal” 7 de junio de 2016

El presidente colombiano Juan Manuel Santos. FOTO: Agence FRANCE-Presse
El presidente colombiano Juan Manuel Santos. FOTO: Agence FRANCE-Presse

 

Durante más de medio siglo, Colombia ha soportado una sangrienta guerra interna que ha cobrado la vida de muchos y ha causado un intenso dolor a millones de víctimas. El conflicto ha desplazado de sus hogares a millones de campesinos lo que ha impedido la capacidad del país de crecer y prosperar.

Durante décadas, gobiernos sucesivos en Colombia han buscado infructuosamente la paz. Después de adelantar esfuerzos decisivos para derrotar a la guerrilla de las FARC, el presidente Juan Manuel Santos está liderando un prometedor proceso de paz. Yo soy el jefe negociador de Colombia en los diálogos.

La iniciativa presidencial de paz se hace desde una posición de fortaleza, no de debilidad. Un acuerdo honorable que respete los valores fundamentales de la democracia colombiana, el estado de derecho y el sistema económico de la nación es la única forma de poner fin a cualquier conflicto interno.

Las negociaciones han sido transparentes, honestas y conducidas en frente del pueblo colombiano y la comunidad internacional. Compresiblemente, los contactos iniciales entre el gobierno y las FARC fueron confidenciales para proteger la viabilidad inicial del proceso. Tan pronto como se definió una agenda, las negociaciones fueron hechas públicas. Cuando se ha llegado a acuerdos parciales, éstos han sido presentados al público.

En cuanto al propio acuerdo, hay varios factores que deben ser subrayados. Habrá sanciones para los responsables de delitos serios, no habrá amnistía. El acuerdo colombiano es notable porque ha incluido, desde un comienzo, sanciones para individuos que cometieron delitos graves. Aquellos responsables por delitos graves tendrán que rendir cuentas ante los tribunales por sus acciones. Si aquellos que son condenados reconocen su responsabilidad, compensan a sus víctimas y prometen no reincidir, recibirán una sentencia reducida. Aquellos que no confiesen y sean condenados irán a la cárcel por hasta 20 años.

Además de sancionar a los miembros de la guerrilla responsables por delitos graves, el acuerdo le dará un trato justo a los miembros de las fuerzas armadas responsables de delitos graves. Estos miembros de las fuerzas armadas tendrán que responder ante un tribunal y, de ser condenados, tendrán la oportunidad de colaborar en investigaciones a cambio de una reducción de sus sentencias. El general Jorge Enrique Mora, ex comandante de las Fuerzas Armadas, y el general Óscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional, son dos de los negociadores del gobierno, y la provisión ha ganado la aprobación generalizada de los miembros de las fuerzas armadas.

Una de los pilares de este proceso de paz son los derechos y la reparación de las víctimas. Sin la reparación de las víctimas —incluyendo todos los derechos ampliamente reconocidos: verdad, justicia, reparación económica y certeza de que no volverán a ser víctimas en el futuro— no habrá paz duradera en Colombia.

Contrario a lo que afirman críticos de las negociaciones, la guerrilla dejará las armas en un proceso que será supervisado por un mecanismo tripartito que incluye a la Organización de las Naciones Unidas.

El acuerdo final debe ser aprobado por las instituciones democráticas de Colombia: el Congreso debe ratificarlo, y luego el acuerdo será revisado por la Corte Constitucional —el máximo tribunal en Colombia— para certificar que se ajusta a la ley.

Desde un inicio, el presidente Santos hizo un compromiso público: los ciudadanos colombianos tendrán la última palabra. Conforme lo prometido, para que el acuerdo final entre en vigencia, debe ser aprobado por los colombianos a través de un plebiscito.

Para facilitar la implementación de varios aspectos del acuerdo, se pondrá en marcha en el Congreso un procedimiento de vía rápida, pero esa provisión no invalidará de ninguna forma la autoridad congresional ni los poderes legislativos.

Ha sido gratificante ver el apoyo alrededor del mundo al proceso de paz en Colombia: del gobierno del presidente Barack Obama y el Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Unión Europea, y de vecinos de Colombia, así como de otros países. Sus promesas de apoyar la reconciliación y los esfuerzos post-conflicto de Colombia resaltan el significado de esta histórica iniciativa de paz y son muy apreciadas.

El presidente Santos tiene la determinación de buscar la paz. Ese fue el mandato de su reelección en 2014, pero el acuerdo debe beneficiar a todos los colombianos y respetar los valores y las instituciones de la nación. Entonces, Colombia tendrá la oportunidad de lograr su potencial pleno como una democracia estable que promueve el progreso económico y social.

Humberto de la Calle es el negociador de paz del gobierno colombiano.

http://lat.wsj.com/articles/SB12802952184000533579004582114963556989318?tesla=y

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