BLOG DE ANDRÉS BERG, INVESTIGADOR DE FUNDACIÓN P!ENSA

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Reforma estatal, no educacional

Si en algo ha sido criticado el gobierno de la Nueva Mayoría, es por las reformas que ha impulsado en materia de educación escolar. Y es que el gobierno se las emprendió contra el sistema, siendo sus efectos muy contrarios a los adivinados por sus ideólogos: en la medida que se elimina el copago, muchos colegios particulares subvencionados se están privatizando; mientras insisten en convertir la selección escolar en una especie de bingo, los directores apelan a exiguos méritos (como, por ejemplo, el orden de llegada); al tiempo que se elimina el lucro, sólo queda uno que otro cura, monja u hombre de buena fe dispuesto a invertir en educación para los sectores más vulnerables. Pero la historia no se agota aquí.

En las próximas semanas es muy probable que se despache la reforma que crea el nuevo Sistema de Educación Pública. En simple, el proyecto busca desmunicipalizar la educación escolar para centralizarla nuevamente en el Estado. Para ello, el gobierno propone crear un verdadero entramado de burocracia estatal: dirección de educación pública, servicios locales, consejos locales (quizás lo más positivo del proyecto), además de todo lo que ya actualmente existe: el ministerio central, la agencia de la calidad, la superintendencia de educación, los secretarios regionales, los departamentos provinciales, etc. La existencia de todo este aparataje estatal se justificaría para que, en última instancia, los principales responsables del trabajo de educar reciban lo que les quede de recursos públicos.

Actualmente, el Estado le transfiere a la educación pública municipal alrededor de 120 mil pesos mensuales en promedio por cada alumno que se educa (por concepto de subvenciones de todo tipo). Sin embargo, el gasto total que el Mineduc realiza en educación pública es de 215 mil pesos en promedio por alumno. Es decir, casi la mitad del gasto que el Estado realiza en educación pública se diluye en burocracia, cargos políticos, programas de apoyo y un largo etcétera de políticas que no son decididas por los principales conocedores de las necesidades y complejidades que supone educar al segmento más desfavorecido de la sociedad, y que, por supuesto, tampoco tienen la oportunidad de influir.

¿Por qué, entonces, erigir un nuevo sistema estatal aún más obeso que el anterior? Es de público conocimiento que muchos municipios no dieron el ancho para entregar una buena educación. Municipios emblemáticos como Valparaíso, Cerro Navia o San Fernando, no sólo postergaron las oportunidades que sus niños merecían, sino que, combinados los escasos recursos que reciben con una mala gestión municipal y antecedentes de corrupción, endeudaron a sus municipios en cifras que sus operadores políticos ni siquiera comprenden. Y es que la educación municipal ha sido el principal botín de muchos alcaldes y partidos políticos para devolver favores electorales.

De este diagnóstico, sin embargo, no se sigue necesariamente una centralización de la educación. Hay sobrados casos exitosos de buena administración municipal y buena calidad en establecimientos municipales. Por ello es que el problema, más allá de las falencias que ciertos municipios puedan tener, parece estar en los incentivos que los distintos actores tienen dentro del sistema. El gobierno central no tiene intereses políticos muy distintos a los que tienen los alcaldes; al final del día, son los mismos partidos y operadores políticos los que presionan a las autoridades públicas.

La insistencia del gobierno en sacar adelante este proyecto parece estar motivado más por la épica reformista basada en el estatismo que por soluciones asociadas a un diagnóstico frío y responsable. La gran mayoría de los países de la OECD tiene descentralizada la educación en sus gobiernos locales y hay consenso entre los expertos en cuanto a que los establecimientos tengan un alto grado de autonomía en la toma de decisiones y estén alejados de los conflictos de interés. Una buena alternativa a la del gobierno (y no tan distinta en apariencia), es la de Beyer (2016), donde las mismas instituciones que busca crear el actual proyecto quedan debidamente separadas de los intereses políticos, quedando en manos de organismos autónomos del gobierno central, con un alto grado de participación de la sociedad civil y comunidad escolar. En este sistema, los incentivos quedarían debidamente asignados para que los distintos actores apoyen, sin conflicto alguno, a los establecimientos. Estos últimos, por supuesto, tendrían a su vez la suficiente autonomía para desarrollar sus proyectos educativos.

Este proyecto, en síntesis, corona la típica forma de hacer política (de la vieja y mala): donde el discurso está totalmente disociado de la realidad. Mientras el oficialismo hace un par de semanas rasgaba vestiduras a favor de la descentralización, ahora no se arruga en insistir en la política más centralizadora de los últimos treinta años. Una política, en suma, donde las palabras ni siquiera generan realidades, sino las distorsionan.

http://www.latercera.com/voces/reforma-estatal-no-educacional/

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