Aborto: A las puertas de un país diferente

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El Senado ha aprobado la práctica del aborto en tres causales, apelando a argumentos ideológicos, con los cuales se ha convencido a una población que mayoritariamente rechaza el aborto libre.

El grueso público fue convencido por la propaganda de que era necesario legislar para salvar a las madres cuyas vidas están en peligro, como si hoy no se hiciera nada por ellas, lo que es completamente falso. También se instauró que un buen tratamiento para los fetos malformados es eliminarlos, y que esto no es problema porque el feto no es legalmente persona.

En relación con la causal anterior, la segunda, el proyecto no se hace cargo de los diagnósticos erróneos ni de la existencia de tan solo 50 subespecialistas en todo el país, concentrados en el área Metropolitana y en centros privados, capacitados para realizar los diagnósticos de inviabilidad fetal. Tampoco aborda la posibilidad de que un niño abortado viva; ¿quién se hace cargo? ¿se le entregarán cuidados paliativos? ¿será la madre o el Estado quien asumirá dichos costos?

En dos de las tres causales no existe límite de edad gestacional para permitir el aborto; no existe obligación de ratificación de denuncia en el caso de violación; el acompañamiento aceptado en los acuerdos políticos es del todo insuficiente e inadecuado, y no responde a lo que debería ser un acompañamiento digno para la mujer, a pesar de que numerosas instituciones en el país han mostrado que con acogida y acompañamiento adecuados el 90 por ciento o más de las mujeres decide continuar con su gestación.

Se ha explicitado que la objeción de conciencia tiene que ver con las personas, pero no con las instituciones, a pesar de lo cual lo que se propuso fue discriminatorio para con el personal de salud no médico hasta los cambios introducidos por la Comisión de Constitución. Tampoco se acepta ni parece entenderse que una institución donde todos quienes trabajan aceptaron libremente compartir un ideario específico, no pueda apelar a la objeción de conciencia.

Existen diferencias intangibles entre la prohibición de publicidad y la posibilidad del Estado de informar. Por una parte se prohíbe la publicidad sobre el aborto, pero se especifica que el Estado debe cumplir con su deber de información, con la sutil frontera que ello puede significar e implicar.

Tampoco se ha mencionado la necesidad absoluta de llevar estadísticas que permitan evaluar lo que se ha hecho, así como sus consecuencias. Si esto no se hace, a los defectos del proyecto se agregaría irresponsabilidad actual y futura, en especial dadas las publicaciones (incluso recientes) que muestran el aumento de morbimortalidad a largo plazo de las mujeres que abortan.

En fin, no hay dudas de que estamos frente a las puertas de un país diferente al que muchos hemos soñado. El respeto a la República obliga a confiar en aquellos que fueron elegidos para legislar y gobernar, pero las controversias que el proyecto de ley de legalización del aborto contiene, obligan a una reflexión que aparentemente no se ha hecho, por los problemas éticos no resueltos. La prueba de esto es que las opiniones de los legisladores en el día de la votación reflejaban no haberse dado por enterados de los numerosos argumentos que especialistas entregamos en las comisiones de Salud.

Es claro que el proyecto no resuelve ningún problema médico, y por cierto no resuelve el problema social. Si ocurre lo mismo que en otros países, esta legislación es efectivamente la puerta de entrada al aborto libre.

Cualquier ser humano diferencia lo que es bueno de lo que es malo, y esto no tiene que ver con religión alguna, como algunos han pretendido hacerlo ver. Hoy se está intentando definir lo que es bueno por encima de las conciencias de los individuos, lo cual no es descartable vaya a provocar voces de protesta en las facultades de Medicina cuando se enseñe que el juramento hipocrático estaba equivocado.

Enrique Oyarzún Ebensperger
Presidente Comité Medicina Materno Fetal
Obstetricia y Ginecología
Clínica Universidad de los Andes

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