Abandono presidencial

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05-09-2017


De acuerdo con la Constitución, el gobierno y la administración del Estado, así como la seguridad interior, entre otras trascendentales funciones, corresponden al Presidente de la República. Si el jefe de Estado ha infringido abiertamente la Constitución o las leyes, puede ser acusado por un grupo de diputados, decidiendo el Senado como jurado.

Por cierto, este escenario es impensable, a pesar del sinnúmero de actos inconstitucionales que han afectado al país estos años, cuya responsabilidad política recae sobre la señora Presidenta. La secuela de desaciertos en lo que se refiere al crecimiento del país ha alcanzado un punto de explosión máximo con la renuncia del equipo económico a partir del caso Dominga. Este hecho, como se ha querido hacer creer, no obedece a dos visiones acerca del desarrollo, donde se enfrentan valores incompatibles como la defensa del medio ambiente y la inversión de capitales. Tal aspecto venía zanjado en los informes técnicos previos que autorizaban su realización, armonizando ambas garantías.

Las regulaciones y estudios científicos han avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Las empresas se someten a rigurosas exigencias internacionales cuando encaran proyectos complejos que involucran especies protegidas o entornos naturales sensibles. Si se superan estas vallas, incluyendo el conocido “principio precautorio”, que, ante la duda, prefiere la conservación del medio ambiente, la inversión puede realizarse.

Cuando la Presidenta instruyó el rechazo del proyecto, cometió una abierta inconstitucionalidad e ilegalidad, y su argumento relativo a preferir los proyectos “verdes” y su cercanía a las personas por sobre los “azules” (los “números”, como los llama) resulta arbitrario.

Por desgracia, además, es contradictorio frente a otro grave problema. Si hay algo que proteger en Chile es la Región de La Araucanía, abandonada por años a descontrolada violencia de grupos organizados, falta de inversión e inseguridad. La responsabilidad última en esta situación que solo aumenta y se agrava, también recae en la Presidenta. La misma Constitución le encarga al Jefe de Estado “la conservación del orden público en el interior”.

Citamos estos dos hechos por ser ejemplos extremos de un paradigma que cruza la labor presidencial: el abandono de la legalidad en materias esenciales. Por lo que acabamos de ver, no conoce objetivamente las leyes que conjugan inversión con protección medioambiental y rechaza un proyecto por motivos abstractos y aludiendo a su cercanía con las personas. En el país real, el de La Araucanía, en cambio, descuida a quienes actualmente sufren vandalismo y ataques. La manera de resolver el primer caso fue repeliendo a su equipo económico. En el segundo, si su ministro del Interior decidiera asumir con energía la defensa de las víctimas y propusiera, por ejemplo, un estado de excepción constitucional en La Araucanía…¿deberá renunciar también?

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